Justicia iniciará la reforma de la Ley del Poder Judicial
El Consejo de Ministros ha encargado al Ministerio de Justicia iniciar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que contemple la delegación de competencias a los consejos autonómicos de Justicia y evitar la inconstitucionalidad del Estatut en este capítulo, anulado por la sentencia del Alto Tribunal.
El Ejecutivo recibió un informe del vicepresidente tercero, Manuel Chaves, sobre los pasos que va a dar el Gobierno “para desarrollar el Estatut” una vez conocida la sentencia y “clarificados sus términos”. Según ha explicado la portavoz, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno quiere “impulsar” la ley catalana “en todos sus ámbitos en el ámbitos” y “en el marco del Estatut aprobado por las Cortes y refrendado por los ciudadanos de Cataluña”.
La única reforma legislativa que se prevé es la ya anunciada de la Ley Orgánica del Poder Judicial; además, se impulsarán los traspasos de competencias pendientes “una vez avalada la práctica totalidad del Estatut” en la sentencia. El Gobierno quiere “dar satisfacción a las aspiraciones de los ciudadanos de Cataluña de más autogobierno y dar también canalización a sus sentimientos identitarios”.
COMPETENCIAS DELEGADAS
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha explicado De la Vega, tendrá “una doble vertiente”. Por un lado, analizar las competencias que puede delegar el Consejo General del Poder Judicial a los consejos de justicia que se establecen en los nuevos estatutos de autonomía, no sólo el catalán, y “una posible reforma” de la casación.
En segundo lugar, el ministerio que dirige Francisco Caamaño estudiará el Estatuto del Ministerio Fiscal “para permitir la incorporación de los fiscales a los consejos de justicia”.
De la Vega explicó que la única reforma legislativa prevista es esta porque el capítulo declarado inconstitucional por el Alto Tribunal es el del Consejo de Justicia de Cataluña.
Fuentes del Ejecutivo explicaron después que en otros casos, como el del Síndic de Greuges, en el que fue anulado el carácter exclusivo de su actividad en aquella Comunidad, se cree que bastaría con un convenio de cooperación entre esta institución y el Defensor del Pueblo para resolver el conflicto legal.
COMISIÓN BILATERAL, EN SEPTIEMBRE
Al margen del capítulo legislativo, continuó De la Vega, el Gobierno va a convocar próximamente una Comisión Delegada en política autonómica para “evaluar, analizar y dar impulso” a los traspasos de competencias pendientes y a los que ya están en marcha.
El objetivo, según la vicepresidenta primera, es que la Comisión Bilateral Estado-Cataluña, en la que se negocian y acuerdan estas cuestiones, se pueda reunir en el mes de septiembre.
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