Francia explicará hoy su política de expulsiones a la Unión Europea

Las protestas que ha generado la expulsión masiva de ciudadanos de origen rumano y búlgaro de etnia gitana han conducido a que Éric Besson, Ministro de la Inmigración, la Integración, la identidad Nacional y el Desarrollo Solidario francés, y Pierrer Lellouche, el Secretario de Estado para asuntos europeos, viajen hoy a Bruselas para explicar la legalidad de estas medidas ante los comisarios europeos. Besson y Lellouche deberán dar cuenta de los 128 campamentos ilegales que se han desmantelado y de las aproximadamente 1.000 expulsiones que se han producido en el espacio de un mes, desde que el Gobierno francés anunciara sus intenciones.

El 29 de julio el Ministro el Interior, Brice Hortefeux, anunció la decisión de desmantelar 300 campamentos ilegales en territorio francés y expulsar a 700 romaníes de origen rumano y búlgaro que residieran en Francia de manera irregular. La decisión fue fruto de una reunión extraordinaria entre varios ministros y el presidente, Nicolas Sarkozy, después de que se produjeran varios enfrentamientos entre la policía y jóvenes gitanos en dos localidades francesas.

La mitad de los desmantelamientos y las expulsiones deberían haberse producido en un plazo de tres meses. Pero en solo un mes, ya han sido 979 las personas repatriadas según fuentes oficiales. De éstas, 151 habrían vuelto a sus países de manera obligada y las demás, voluntariamente, según el Ministro de la Inmigración.

Esta medida fue tomada dentro del marco de la seguridad ciudadana y desde el principio recibió numerosas quejas . Muchas de ellas denunciaban que al relacionar directamente a la población romaní con la inseguridad ciudadana se estaba cayendo en una estigmatización de toda una comunidad. En este sentido se manifestaron, por ejemplo, las Naciones Unidas (ONU). Besson se defendía en una conferencia de prensa ayer diciendo que “los romaníes no son considerados como tal, sino como residentes del país del que tienen la nacionalidad. El trato dado a estas personas no tiene ninguna relación con su pertenencia real o supuesta a la comunidad romaní”.

Además, recordó que estas expulsiones se realizan de manera regular, “no son una novedad”, ya que en lo que va de año “8.328 ciudadanos rumanos y búlgaros han sido reconducidos a sus países de origen” y las leyes europeas contemplan estas medidas. Un ciudadano de la Unión Europea tiene derecho a residir tres meses en otro país comunitario libremente. Después de ese plazo debe tener un contrato laboral o demostrar tener recursos suficientes para vivir.

No obstante, a pesar de la insistencia del Gobierno francés en que se está cumpliendo con la legalidad, algunos organismos sospechan que esto no sea exactamente así. Por una parte, la UE ya ha denunciado que Francia no haga esfuerzos por integrar a esta comunidad cuando existen fondos europeos entregados a cada país comunitario con ese fin. Por otro lado, se critica que Francia no está estudiando caso por caso, sino expulsando a grupos de ciudadanos sin tener en cuenta sus circunstancias particulares.

Por ese motivo, la UE ha pedido a Francia que explique la legalidad de sus medidas. Éric Besson y Pierre Lellouche serán recibidos a las 14:30 horas por la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Viviane Reding, y por la comisaria de Interior, Cecilia Malmström.

Más razones para ser expulsados

Mientras tanto, el Ejecutivo francés sigue adelante con sus planes de seguridad y ha planteado que se extiendan los motivos para justificar las expulsiones de ciudadanos extranjeros. La propuesta, presentada ayer por el Ministro de la Inmigración, incluye la expulsión en caso “de amenaza al orden público por robos repetidos o mendicidad agresiva”.

De esta manera se pretende “luchar más eficazmente” contra la inmigración clandestina o “la trata de humanos procedentes de Bulgaria y Rumanía”. Estas medidas serán presentadas el 27 de septiembre en la Asamblea Nacional dentro del marco de un proyecto de ley sobre inmigración, según informa Le Monde.

La propuesta incluye también reconducir “a sus países de origen a las personas que representen una carga poco razonable” para el sistema de asistencia social, o “sancionar a aquellos que abusen del derecho” a la residencia de tres meses en un país comunitario para “esquivar” las condiciones para una estancia más larga.

Este nuevo anuncio parece haber acentuado las discrepancias en el seno del gobierno francés. En la mañana de ayer el Ministro de Exteriores, Bernard Kouchner, ya manifestó haber pensado en dimitir por “los abusos a los que se están sometiendo algunas minorías”. Después de la rueda de prensa de Besson y del anuncio de las nuevas medidas, provocó que Hervé Morin, titular de Defensa, criticara el discurso “basado sobre el odio, el miedo y el chivo expiatorio”, según recoge El País. Incluso el Primer Ministro, François Fillon, ha manifestado no estar totalmente de acuerdo con la manera en que el presidente Sarkozy está tratando esta cuestión.