Las reivindicaciones indígenas, más fuertes que nunca

Los pueblos indígenas de todo el mundo viven en una constante lucha por sus derechos fundamentales. Sus reivindicaciones quieren que se reconozcan su historia y tradiciones, su cultura y sus propiedades históricas, y se acabe con la desigualdad a la que parecen condenados.

Por eso no es de extrañar que recientemente varias organizaciones indígenas de América Latina reivindiquen la propiedad de los terrenos en los que históricamente se han asentado sus comunidades frente a la tendencia de los gobiernos regionales a declarar estas áreas como protegidas para permitir que las empresas multinacionales puedan explotar sus recursos.

Durante un encuentro de la Coordinadora Andina de organizaciones Indígenas (CAOI) y de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE), celebrado en Madrid, líderes de las distintas asociaciones aborígenes del hemisferio sur del continente americano denunciaron la debilidad de sus gobiernos ante “el constante expolio de los recursos” de sus países y, en concreto, de sus comunidades, lo que amenaza su supervivencia.

Así, la coordinadora general del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ), Natalia Sarapura, se refirió al caso de Argentina donde, según explicó, “la política oficial es la de no reconocer las raíces indígenas del país”, algo que repercute en la indefensión de los derechos de estos pueblos y, sobre todo, en los títulos de propiedad de los asentamientos.

“En Argentina el Gobierno ha priorizado una política económica bajo tres ejes de reactivación con el turismo, la explotación del petróleo y el litio, y los gasoductos

sobre el derecho al subsuelo de las comunidades indígenas que están siendo desalojadas“, dijo Sarapura.

En el caso de Colombia, la firma de numerosos tratados de comercio internacional ha favorecido el desplazamiento de los aborígenes dentro del territorio nacional. Esta situación se agrava con la acción de paramilitares y guerrilleros que expulsan a las comunidades indígenas de sus asentamientos para proteger los cultivos de droga que les sirven de financiación.

“Al menos 34 pueblos indígenas colombianos están en serio riesgo de extinción, por ello hasta la Corte Constitucional ha tenido que emitir varios autos que recomiendan la creación de un programa de garantías para la protección de los derechos de los indígenas”, indicó el consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Elvis Andrade.

En este contexto, las principales organizaciones indígenas de América Latina propusieron el paradigma del Buen Vivir, basado en el respeto a todos los seres vivos y a la Madre Tierra, como una alternativa al modelo de desarrollo económico que ha originado la crisis económica mundial y favorecido el cambio climático.

“Cuando hablamos de vivir bien nos referimos a toda la comunidad de seres que habitamos el mundo, no se trata del tradicional bien común reducido solo a los humanos. Lo que hacemos los pueblos indígenas y proponemos al mundo es preservar el equilibrio y la armonía entre todo lo que existe”, reza el texto difundido por la CAOI.

Según aclaró su coordinador general, Miguel Palacín Quispe, esta alternativa tiene como finalidad modificar paulatinamente las formas de vida para que éstas sean cada vez más respetuosas con el entorno natural y con la plurinacionalidad de los Estados, reconocida ya por Bolivia y Ecuador en sus Constituciones.

Más peligros

Pero la pérdida de sus tierras no es el único peligro que acecha a las comunidades indígenas de América Latina. Según revela el Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina, una iniciativa de UNICEF , la Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y Pluriculturalidad (FUNPROEIB Andes) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el 26 por ciento de las 420 lenguas que hoy hablan 28,8 millones de indígenas en América (el 6% de la población) está en peligro de extinción.

El documento recopila censos nacionales procedentes de 21 países, analizados por 34 especialistas y se enmarca en el Programa Regional sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia Indígena en América Latina, desarrollado desde 2006 por UNICEF con el apoyo financiero de la AECID, con el objetivo de promover el respeto a los derechos de estas poblaciones.

En este sentido, el jefe de la Unidad de Políticas Intraculturales, Interculturales y Plurilingüismo del ministerio de Educación de Bolivia y aymara del altiplano boliviano, Walter Gutiérrez, asegura que sin una “mirada amplia” sobre América Latina, resulta “imposible planificar políticas integrales que protejan los intereses indígenas”.

Caso chileno

Una de las reivindicaciones indígenas que más fuerza ha tomado en los últimos días es la del pueblo mapuche en Chile. El conflicto se desató cuando una treintena de mapuches iniciaron hace casi 60 días una huelga de hambre en rechazo a que sus casos sean procesados a través de tribunales militares y para exigir al Estado que derogue la Ley Antiterrorista.

Los 32 mapuches que realizan la huelga de hambre fueron arrestados en el marco de la Ley Antiterrorista durante diversos hechos violentos en la Región de Araucanía

(centro), donde los indígenas mantienen una lucha por el reconocimiento de sus tierras. Desde el año 2009, la región permanece militarizada, hecho que también rechazan los aborígenes.

La crisis vivida ha hecho necesaria la intervención del presidente chileno, Sebastián Piñera, quien ha enviado al Congreso un proyecto de reforma de la justicia militar con el que busca que unas 4.000 causas, entre ellas las de indígenas mapuches, sean derivadas a tribunales civiles.

“Más de 4.000 causas que hoy día son conocidas por tribunales militares, muchas de las cuales afectan a activistas pertenecientes al pueblo o a la causa mapuche, pasarán a ser conocidas por tribunales civiles”, ha aseverado Piñera.

“Esto es: los militares en tribunales militares, los civiles en tribunales civiles”, ha insistido, al anunciar que con esta reforma Chile estará dando “cumplimiento a los tratados internacionales que ha suscrito y particularmente al pacto de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana de Derechos Humanos”.

Sin embargo, la iniciativa no incluye la Ley Antiterrorista, sancionada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) para perseguir a sus opositores, la cual no fue derogada por los gobiernos de izquierda de la Concertación que la aplicaron para algunos crímenes, a pesar de que la ONU ha criticado esta normativa porque discrimina a las comunidades indígenas.

Piñera, no obstante, ha anunciado que en los próximos días enviará otra propuesta para “perfeccionar” la Ley Antiterrorista “de forma tal de que la sanción a las conductas terroristas, que es algo que toda democracia necesita y requiere, se haga con los mejores estándares y con las mejores normas internacionales”.