Interior prohíbe la manifestación de guardias civiles en Madrid

Agencias

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La Delegación de Gobierno en Madrid ha prohibido la manifestación convocada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO) en defensa de mejoras laborales prevista para el próximo día 18 en Madrid al entender que se trata de un acto sindical por lo que se vulnera el carácter de neutralidad que se exige por Ley a los miembros del Instituto Armado, informó a Europa Press un portavoz de una de las asociaciones.

En un escrito remitido a los convocantes por la tarde se les ha comunicado la prohibición en base a estos argumentos que desde la AUGC, uno de sus portavoces ha asegurado que acatan, pero anuncian que la van a recurrir. Responsables de ambas asociaciones ofrecerán mañana una rueda de prensa en la que explicarán las medidas a tomar.

En concreto, según las mismas fuentes, la decisión de la Delegación de Gobierno parte de la sentencia del pasado mes de abril del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre otra marcha en la que habían participado guardias civiles -aunque en este caso convocada por sindicatos policiales-. En aquella resolución, el tribunal argumentaba que los agentes del Instituto Armado pueden asistir a manifestaciones “a titulo individual”, pero “sin portar armas, ni el uniforme y respetando la neutralidad propia de la condición de guardia civil”.

En ese sentido, añadía que “es inconcebible que la asistencia de un guardia civil a ese acto no lo fuera en su condición de tal y sí en la de simple ciudadano, pues eran sus derechos o intereses corporativos el objeto de la manifestación”. “Además, difícilmente puede decirse que esa asistencia, aun cuando fuera aparentemente a titulo individual, dispusiera de naturaleza anónima”, añadía la resolución de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

CIRCULAR DE INTERIOR

Ya esta misma sentencia fue motivo de polémica hace pocos días en la víspera de la última concentración realizada por guardias civiles ante el Ministerio del Interior el pasado martes. El director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez remitió una circular “a todas las unidades de la Guardia Civil” en la que se les advertía de las “consecuencias disciplinarias” que podía provocar su participación en la concentración.

En concreto, en la circular se recordaba que “sobre los miembros de la Guardia Civil pesa legalmente la expresa prohibición legal de organizar y de asistir a cualquier tipo de reunión o manifestación portando armas, vistiendo uniforme o sin respetar el deber fundamental de neutralidad”. Para ello citaba la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

“Este deber de neutralidad impone a todos los miembros del Instituto Armado la obligación de abstenerse de organizar y de asistir, en su condición de tales miembros de la Guardia Civil, a reuniones o manifestaciones públicas que tengan connotaciones de carácter político y sindical”, añadía el escrito al que tuvo acceso Europa Press.

Por todo ello se advertía de que “la transgresión de cualquiera de las prohibiciones y deberes a que se hace referencia en la misma puede ocasionar las correspondientes consecuencias disciplinarias conforme a lo dispuesto en el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil”.

PERMISO DE DELEGACIÓN DE GOBIERNO

En cualquier caso, al menos aquella concentración -que congregó a decenas de dirigentes de AUGC y UO- sí que contó con la autorización desde el pasado 31 de agosto de la Delegación del Gobierno en Madrid en un escrito en el que defendía que “el derecho de reunión (pacífica y sin armas)... que se configura como exponente de la libertad de expresión y su ejercicio no es ajeno a los miembros de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de lo establecido en las leyes específicas (Régimen Disciplinario de la Guardia Civil)”.

Así, la Delegación del Gobierno se limitaba a recordar a los guardias civiles que deben “respetar el deber fundamental de neutralidad política propia de la condición de militar” y la “prohibición de portar armas y uniforme”, además de otras apreciaciones como el lugar que debían ocupar frente al Ministerio para no entorpecer la circulación.

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