Amnistía Internacional insta a España a aplicar el tratado de los derechos sociales

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España es el primer país de Europa que ratifica un nuevo mecanismo de Naciones Unidas (ONU) que permitirá a las personas buscar justicia en las Naciones Unidas si ven vulnerados sus derechos económicos, sociales o culturales, tal y como ya sucede desde hace décadas con los derechos civiles y políticos.

Por su parte, Amnistía Internacional ha evaluado de manera positiva la decisión del Gobierno español. Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional ha afirmado que “el Protocolo establecerá una herramienta con la que la población de España, especialmente quienes viven en la pobreza, pueda pedir a su gobierno cuentas en relación con sus derechos económicos, sociales y culturales”.

Por otro lado, Beltrán ha instado a las autoridades para que lleven más allá su compromiso “garantizando que los mecanismos nacionales, como los tribunales y la institución nacional de defensa de los derechos humanos, pueden hacer cumplir estos derechos”

El protocolo permitirá que las quejas de aquellas personas que no tienen acceso a la justicia en su país y sienten vulnerados sus derechos, sean escuchadas por un grupo de expertos independiente e internacional. Las decisiones de este nuevo mecanismo serán públicas y existe la posibilidad de que influyan en las decisiones de tribunales nacionales y regionales de todo el mundo .

El Protocolo, que entrará en funcionamiento cuando 10 países lo hayan ratificado, fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en 2008 y se abrió a ratificación en septiembre de 2009 . Hasta el momento, además de España, lo han ratificado Ecuador y Mongolia. Otros 30 países lo han firmado indicando su intención de ratificarlo, hecho que es necesario para que el tratado sea jurídicamente vinculante.

España ratificó el acuerdo el día siguiente de concluir la cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio , celebrada en Nueva York, una cumbre en la que no se han identificado mecanismos efectivos de rendición de cuentas ante las vulneraciones de derechos humanos.

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