Los 33 mineros podrían ser rescatados en 15 días

Dos sucesos han vuelto a poner a Chile en el centro de la atención de la comunidad internacional. Uno es el rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José , desde el pasado 5 de agosto, el cual podría estar cerca de alcanzar un feliz final.

El otro es el enfrentamiento que mantiene la comunidad indígena de los mapuches con el gobierno de Sebastián Piñera por la Ley Antiterrorista, suceso que parece estar lejos de acabar.

Y es que en el norte del país, donde se encuentra el yacimiento minero, las esperanzas han resurgido al anunciar el Ministerio del Interior chileno que en un plazo de 15 días estarán instalados todos los elementos necesarios para el rescate de los 33 mineros.

“En 15 días más vamos a tener todo instalado para poder iniciar en cualquier momento el rescate”, ha informado el portavoz del Ministerio, Cristian Barra.

Éste aclaró que ello no significa que el rescate vaya a comenzar dentro de una quincena, sino que transcurridos esos días van a estar todas las instalaciones preparadas.

El responsable de las labores de rescate, André Sougarret, ha añadido que se está acelerando la perforación del túnel del Plan B, que ya ha superado los 275 metros de profundidad, “uno de los mejores avances” desde que a comienzos de agosto quedaran sepultados los mineros. En total se están construyendo tres túneles, de los cuales será utilizado el primero que llegue a los 700 metros de profundidad.

Pese a su optimismo, Sougarret matizó que existen todavía ciertos problemas sin resolver. “Por lo tanto es prudente seguir hablando de los primeros días de noviembre” como momento del rescate, precisó el ingeniero. Ciertos desperfectos en el martillo principal de la perforadora T-130 provocó la semana pasada hasta cuatro detenciones de los trabajos, recuerda el periódico chileno El Mercurio.

Al mismo tiempo se preparan todas las instalaciones necesarias para recibir a los mineros en el momento de salir a la superficie. En este sentido se establecen instalaciones médicas, zonas de recibimiento de los familiares y un área habilitada para la prensa.

El problema mapuche

Pese a esta buena noticia que haría que el gobierno de Sebastián Piñera cerrase uno de sus peores accidentes, existe problema que está lejos de resolverse. Se trata del enfrentamiento que mantienen la comunidad indígena de los mapuches y el Ejecutivo chileno.

Según el ministro secretario de la Presidencia de Chile, Cristian Larroulet, los indígenas mapuches han rechazado la propuesta del gobierno para zanjar el conflicto, después de que éste se negara a archivar las causas que varios aborígenes tienen pendientes y que serán juzgadas por la Ley Antiterrorista, un vestigio de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Después de varias horas de negociación, los portavoces de los mapuches decidieron rechazar la oferta del gobierno ante la oposición de éste a dar carpetazo a los procesos indígenas juzgados por dicha normativa, retrasando así la posibilidad de que los 34 indígenas que se declararon en huelga de hambre hace ya 79 días depongan la medida de fuerza.

“Desgraciadamente en el día de ayer los representantes de los comuneros, que fueron nuevos representantes, no los que habían asistido a las reuniones previas, dieron un portazo a semanas de trabajo y a semanas de conversaciones que permitían que lo comuneros depusieran la huelga de hambre”, dijo Larroulet en declaraciones a la emisora local Agricultura.

Esta negativa vino acompañada de un llamamiento a los tres poderes del Estado para que se sienten en la mesa de negociaciones y acuerden, en un pacto histórico, la derogación de la Ley Antiterrorista, el sobreseimiento de los procesos indígenas en curso y la anulación de los ya sentenciados.

Sin embargo, el ministro descartó esa posibilidad al considerar que atenta contra los principios democráticos. “Pretender que se sienten a la mesa todos los poderes es la antítesis de la democracia, es la antítesis de un Estado de Derecho, eso es más propio de una dictadura, porque los poderes son independientes”, agregó.

En la misma línea, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, cerró la puerta a un eventual acuerdo para dejar sin efecto estas sentencias y suspender procesos en marcha con la anuencia del gobierno y del Congreso. No obstante, el magistrado coincidió con los mapuches en la necesidad de modificar la citada norma por considerarla anacrónica.

“La Ley Antiterrorista, tal cual está diseñada actualmente, es un obstáculo para llegar a un entendimiento, por lo tanto debiera buscarse la fórmula de modificar esa ley, de darle un sentido más adecuado a los tiempos que estamos viviendo en democracia, porque es una ley que fue creada y utilizada por un gobierno no democrático”, apuntó.

En este contexto, el portavoz de los presos mapuches, Rodrigo Curipán, advirtió de que las consecuencias que se deriven de la huelga de hambre de los reos “será responsabilidad del gobierno” por rechazar la oferta de los indígenas.

“El responsable de esto, si llegase a haber un desenlace fatal, es el Estado en su conjunto, y quien administra este Estado en este momento es el gobierno de turno. Serían responsables de cualquier desenlace fatal”, dijo Curipán en declaraciones a Radio Cooperativa.

Sin embargo, el portavoz reiteró la intención de los huelguistas de zanjar este conflicto, por lo que aseguró que las comunidades indígenas continuarán con las negociaciones a pesar de la actitud del gobierno. ¡Lo que tenemos que hacer nosotros como representantes de los que están al borde de la muerte, es buscar soluciones, ir un poco más allá y conseguir la totalidad de la demanda“, espetó.

Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha ofrecido su apoyo y capacidades para resolver la problemática mapuche en Chile.

En un comunicado, la CEPAL puso a disposición de todas las partes “su capacidad técnica para elaborar estudios o informes que desde el punto de vista económico, social, demográfico, ambiental o de género puedan ayudar a una mejor comprensión de la situación del pueblo mapuche”.

Del mismo modo, confió en que las partes encuentren una pronta solución que evité la pérdida de vidas.

La CEPAL consideró que, pese a los avances jurídicos y legislativos registrados en las últimas décadas, en América Latina y el Caribe existe una brecha significativa en la implementación de los derechos indígenas y reiteró que la igualdad debe estar en el centro de la agenda de desarrollo de la región.