Ecuador vuelve a la normalidad, pero castigando a los responsables

La normalidad parece llegar poco a poco a Ecuador después del incidente que protagonizaron algunos miembros de la policía y que acabó con el presidente del país, Rafael Correa, en el hospital la semana pasada. Los responsables de los hechos, calificados por las autoridades ecuatorianas como intento de golpe de Estado , no quedarán impunes, al menos esa parece ser la intención del gobierno de Correa.

La Jueza de Garantías Penales del estado ecuatoriano de Pichincha, Tania Molina González, ha ordenado el encarcelamiento de 13 de los policías detenidos por su presunta participación en la revuelta.

Tras la celebración de una audiencia que duró alrededor de siete horas y en la que se revisaron uno por uno los casos abiertos contra 42 de los agentes detenidos en Quito por orden del juez Santiago Coba, Molina decretó prisión preventiva para 13 de ellos, que serán recluidos en la Cárcel Número 4 de la capital ecuatoriana.

Todos los encarcelados han sido identificados en los vídeos y fotografías de la rebelión que tiene en su poder la Fiscalía, informó la agencia estatal ANDES. El resto de los detenidos, como medida sustitutiva, deberán comparecer ante el juez cada ocho días y tendrán prohibida su salida del país mientras dure la instrucción del caso.

Por otro lado, el ex mandatario ecuatoriano Lucio Gutiérrez se ha pronunciado en su regreso a Ecuador sobre las acusaciones que apuntan que él podría estar detrás del intento de golpe de Estado. Ante esto, Gutiérrez ha asegurado que presentará una demanda penal por daños morales contra el presidente Correa por dicha acusación.

En sus primeras palabras tras regresar de Brasil, adonde viajó la semana pasada para participar como observador en las elecciones presidenciales brasileñas del domingo, Gutiérrez rechazó las acusaciones de Correa y aseveró que no ha mantenido ningún tipo de contacto con miembros de la Policía o del Ejército desde hace años.

“Pregunten al Fiscal si hay alguna conversación mía con algún policía o con algún militar, en este año, el año pasado o desde el 2005 para acá”, indicó en declaraciones recogidas por la agencia estatal ANDES.

El líder del partido Sociedad Patriótica, que fue recibido por multitud de seguidores en el aeropuerto de Quito, dijo que visitará próximamente a su colaborador Fidel Araujo , a quien considera una “víctima inocente” a pesar de que fue detenido el martes y permanecerá bajo arresto durante los tres próximos meses por instigar a la rebelión.

En el momento de sucederse los hechos del 30 de septiembre el ex dignatario se encontraba ya en Brasil para participar como observador en los comicios.

Gutiérrez cuestionó el secuestro del pasado jueves de Correa en el Hospital de la Policía Nacional en Quito ya que, según él, una persona retenida contra su voluntad no está en disposición de dictar órdenes y dar declaraciones a los medios.

El ex presidente ecuatoriano salió del aeropuerto acompañado de sus hermanos Gilmar y Susana Gutiérrez, quienes también han sido señalados por Correa como parte del círculo de Sociedad Patriótica que estarían tras la rebelión policial del pasado 30 de septiembre.

Vuelta a la normalidad

Mientras tanto, la Asamblea Nacional de Ecuador retomó el jueves la actividad parlamentaria por primera vez desde el levantamiento. La sesión se centró precisamente en una resolución de rechazo a los hechos del 30 de septiembre.

En medio de una fuerte protección militar, los asambleístas comenzaron a investigar el motín policial, que comenzó como una protesta por un recorte de beneficios económicos y concluyó en un sangriento choque con militares que intervinieron para rescatar al presidente Rafael Correa.

El partido gubernamental defendió que la rebelión fue un golpe de estado, pero la oposición la define como una protesta laboral que se le fue de las manos a las autoridades. Estas diferencias impiden por el momento la firma de la resolución.

“Una vez que se rectifiquen los errores en el texto se votará en la siguiente sesión”, ha adelantado el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero.

El opositor Gilmar Gutiérrez, uno de los acusados de respaldar a los sublevados, aseguró que las acciones “del gobierno a través de Rafael Correa” hicieron imposible “una solución pacífica”.

En la última sesión antes de la insubordinación, la Asamblea tramitaba la polémica ley de austeridad del sector público que despertó la protesta de los policías, aunque no llegó a terminar el debate. La ley, que entró en vigor a comienzos de esta semana, ratificó el retiro de beneficios y pagas por condecoraciones a los servidores públicos, incluidos policías y militares.

Por otro lado, las Fuerzas Armadas y de Policía se reunieron también el jueves por primera vez desde los sucesos de la semana pasada para coordinar estrategias de seguridad.

“Es una reunión de las múltiples que tenemos programadas para tratar asuntos que convienen a las dos instituciones, el respeto a las funciones que realizan todas y cada una de las instituciones”, ha comentado el jefe de Policía, Patricio Franco, al término de la reunión.