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El 1 de diciembre de 2010

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IU denuncia el “fraude hipotecario” que se produce contra los inmigrantes

Cayo Lara afirma que esta práctica es “un abuso y una vergüenza” y pide la suspensión de los desahucios cuando uno de los miembros de la unidad familiar se encuentra en el paro.

Inmigración Ecuador

Redacción

La crisis económica que sacude a España tiene en la población inmigrante una de sus principales víctimas. Tras años de trabajo en territorio español, son muchas las familias que invirtieron sus ahorros en la compra de una casa, sin embargo, al encontrarse ahora en el paro no pueden hacer frente a la millonaria deuda que les requiere la entidad bancaria de turno.

Ante asfixiante situación, la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE) ha organizado una concentración reivindicativa en la que ha estado presente el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara.

En esta cita, Lara ha denunciado que “el fraude hipotecario es un abuso y una vergüenza” y ha pedido que “se suspenda la ejecución de desahucios cuando uno de los miembros de la unidad familiar esté en situación de desempleo”.

El coordinador de IU ha realizado estas declaraciones tras apoyar la concentración de un conjunto de organizaciones sociales, vecinales y sindicales, que han acompañado a cinco familias hipotecadas para presentar una demanda ante el Juzgado Penal de Guardia en Plaza Castilla.

Además, Lara ha reclamado que “sólo el bien hipotecado, la vivienda, sirva como garantía del pago del crédito hipotecario concedido” y, por tanto, que los afectados no tengan que “responder a los bancos de por vida, además de que se les embargue la vivienda”.

La propuesta lanzada por Lara se encuadra dentro del Plan de iniciativa social frente al desempleo y las consecuencias de la crisis, que ha elaborado su partido. En este sentido el coordinador federal de la formación ha propuesto la regulación de la “dación de pago” como “procedimiento preferente para extinguir cualquier obligación derivada del impago de un crédito hipotecario y su inclusión en el Código Civil”.   

Para el máximo responsable de IU, el fraude hipotecario es “un abuso y una vergüenza” y se “debería permitir a la Fiscalía que se persone en los procedimientos de desahucios que aporte indicios el contrato hipotecario de contener irregularidades”.

Por su parte, Rafael Mayoral, abogado de la CONADEE, ha valorado que “la estafa de las hipotecas basura en España no sólo ha significado que las familias pierdan todo su patrimonio, sino que también supone la vulneración grave y sistemática de los derechos humanos de las personas trabajadoras, en general, y de las migrantes, en particular”.

Por otro lado, CONADEE señala que los trabajadores ecuatorianos registrados en España son cerca de 500.000 y “si de estos solamente el 3% estuvo en capacidad de acceder a la adquisición de una vivienda, el resultado es de unas 15.000 hipotecas, a un promedio de 220.000 euros, nos da la módica suma de tres mil trescientos millones de euros (3.300’000.000) comprometidos en este tipo de operaciones”.

“Si a esto se suma los y las trabajadoras inmigrantes de Colombia, Perú, Marruecos, República Dominicana, China, etc., y también los mismos españoles que han visto reducida su capacidad de pago, se puede ver la magnitud de las cifras en juego y consiguientemente el alto riesgo de estas inversiones”, asegura la organización.

Ayuda para quienes se quedan en Ecuador

Muchas de estas familias ecuatorianos no sólo tienen que hacer frente al problema de las hipotecas, a esta lucha se suma la continúa ayuda a los familiares que se han quedado en el país de origen, Ecuador.

Los ecuatorianos que residen en el extranjero han enviado a su país 612 millones de dólares (467,1 millones de euros) en el tercer trimestre de este año, lo que supone un 11,2 % más con respecto a los tres meses anteriores, cuando fueron 549,8 millones de dólares (419,7 millones de euros), según los datos dados a conocer por el Banco Central de Ecuador (BCE).

Sin embargo, si se comparan las remesas enviadas por los inmigrantes ecuatorianos entre julio y septiembre de este año con el mismo período del año pasado, cuando se alcanzaron los 655,8 millones de dólares (500,7 millones de euros), esta cantidad supone un 5,6 % menos.

 
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