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Opinión - Vivir sobre un polvorín. Por Rosa María Artal

Santos sanciona la prórroga de la Ley de Orden Público

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El pulso entre el gobierno colombiano y los grupos armados que operan en Colombia continúa. El presidente Juan Manuel Santos ha sancionado el texto de la prórroga de la Ley de Orden Público que prohíbe la demarcación de las llamadas zonas de despeje o zonas de distensión, en las que podían refugiarse guerrilleros y paramilitares sin riesgo de ser atacados por el Ejército, en el marco de un eventual proceso de paz.

“Frente a eventuales diálogos futuros de paz, quedan prohibidas y descartadas estas zonas en cualquier lugar del territorio nacional”

, informó el ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, desde la Casa de Nariño al término de una reunión del gabinete.

Más allá de esta prohibición, la norma faculta al presidente para decretar indultos individuales y colectivos, a favor de los guerrilleros y paramilitares que decidan desmovilizarse, aunque no resultarán beneficiados quienes “hayan cometido delitos atroces, de lesa humanidad o hayan participado en el reclutamiento de menores de edad”.

Así, la medida permite a Santos autorizar el inicio de unas conversaciones de paz, siempre y cuando se produzcan en el marco de lo contenido en la legislación ya vigente, según recoge el comunicado emitido por Presidencia de Colombia.

Esta norma prorroga la Ley 418 de 1997, que expira hoy. Se trata de la primera de las iniciativas tramitada en la presente legislatura que es sancionada por Santos como presidente de Colombia.

Sin embargo, esta puerta al diálogo no quiere decir que haya una tregua de la violencia. Así, el Ejército colombiano se encuentra en estado de máxima alerta ante el riesgo de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) perpetren nuevos atentados con paquetes bomba, tal y como tenían planeado hacer en la ciudad de Cali, en el departamento de Valle del Cauca, y en la base aérea de Apiay, en Meta, según informó este miércoles el comandante, Edgar Cely.

El militar indicó que ha suspendido todos los permisos por vacaciones

en este último tramo del año para evitar que la guerrilla ejecute el Plan Encomienda, orientado a atentar contra las fuerzas de seguridad, cuyo contenido aparece detallado en varios documentos hallados en los discos duros de los ordenadores del que fuera jefe militar de las FARC, Víctor Julio Suárez Rojas, alias Mono Jojoy.

“Las FARC se equivocan si piensan que nosotros estamos en fiestas [...] Los colombianos merecen tener un fin de año con paz, seguridad y tranquilidad”, dijo Cely, en declaraciones recogidas por Caracol Radio.

Por su parte, el vicepresidente, Angelino Garzón, criticó la actitud de las FARC al emprender una nueva campaña de atentados en el contexto de la grave situación que vive el país debido al temporal de lluvias que hasta la fecha arroja un saldo de 284 muertos y millones de damnificados.

“Es una verdadera acción criminal, inhumana, propia de locos,

que cuando necesitamos concentrar todos los esfuerzos en más de dos millones de personas damnificadas por el invierno, incluyendo miles de niños y niñas, esta gente esté asesinando policías y soldados, eso es propio de locos“, aseveró.

En consecuencia, Garzón hizo un llamamiento a los rebeldes para que suspendan, aunque sea de forma temporal, los ataques a uniformados con el fin de que estos puedan dedicarse de forma exclusiva a la atención de los afectados por las intensas precipitaciones.

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