UPyD plantea limitar las pensiones de ex presidentes
La portavoz nacional de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha registrado este viernes en el Congreso una proposición no de ley con la que persigue limitar el tiempo de las retribuciones que los ex presidentes del Gobierno reciben del Estado, así como su compatibilidad con los salarios que reciban por parte de la empresa privada. Díez ha planteado esta iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, días después de que se conocieran los 'fichajes' de los ex presidentes José María Aznar y Felipe González por parte de las eléctricas Endesa y Gas Natural Fenosa respectivamente.
80.000 EUROS CADA EX PRESIDENTE
Según diversas publicaciones, Aznar recibirá 200.000 euros anuales por su contrato con la citada compañía y González en torno a 126.500, unos sueldos que, según la legislación actual, pueden compatibilizar con los 80.000 euros anuales que, con carácter vitalicio, recibe cada uno de ellos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
En su texto, Díez justifica la necesidad de reformar el actual Estatuto de los ex Presidentes del Gobierno que data de 1983, un régimen que, según recuerda UPyD, se ha venido retocando a lo largo de estos años pero sin apenas modificaciones significativas.
Dando por descontado que las personas que han ostentado la Presidencia del Gobierno (Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar) merecen “consideración” y “respeto”, Rosa Díez aboga por dotar de transparencia la gestión de los fondos públicos, “de forma que sea posible conocer, controlar y evitar en su caso la percepción simultánea de retribuciones públicas y privadas, susceptibles de ser consideradas como claramente abusivas, especialmente en la actual situación de grave crisis económica”.
NUEVA LEY EN DOS MESES
Es por ello por lo que el partido de lidera Rosa Díez quiere que el Pleno del Congreso dé dos meses de plazo al Gobierno para presentar un proyecto de ley regulador del citado estatuto de los ex presidentes.
Esa reforma, según reclama, pasaría por “establecer un límite temporal a las prerrogativas concedidas, así como el régimen de incompatibilidades entre retribuciones o derechos de contenido patrimonial procedentes de fondos públicos con los derivados de su actividad profesional de carácter privada”.
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