Gobierno y agentes sociales cierran un principio de acuerdo sobre las pensiones

El Gobierno y los agentes sociales han conseguido finalmente esta madrugada cerrar un principio de acuerdo para reformar el sistema de pensiones, determinadas políticas activas de empleo y los criterios básicos para llevar a cabo la reforma de la negociación colectiva.

Tras una maratoniana reunión que ha finalizado pasadas las cuatro de la mañana, las partes han acordado continuar negociando en los próximos días sobre el resto de las políticas de empleo, política industrial, política energética, política de ciencia e innovación así como otras relevantes cuestiones de índole laboral.

En la mesa general de la Función Pública se negociarán asuntos relativos a las clases pasivas, el Estatuto del Empleado Público y la evaluación de los acuerdos vigentes. El principio de acuerdo deberá ser aprobado por las direcciones correspondientes de cada una las organizaciones.

Las partes han logrado finalmente limar sus diferencias tras meses de negociación y después de la cena que celebró el miércoles el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con los representantes de los sindicatos mayoritarios, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente.

A pesar de este encuentro, las negociaciones han continuado a lo largo del día para cerrar algunos capítulos de la reforma de pensiones, extender el pacto a otras materias y blindar definitivamente un acuerdo horas antes de que el Consejo de Ministros apruebe este mismo viernes el anteproyecto de ley de las pensiones.

El pacto, que supone un gran paso tras la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales por la reforma laboral, podría escenificarse de manera formal el próximo dos de febrero en el Palacio de la Moncloa con la presencia del jefe del Ejecutivo, los líderes sindicales y el presidente de la CEOE, Juan Rosell.

El acuerdo pivota en torno a la reforma de pensiones que contempla la elevación de la edad de jubilación a los 67 años, aunque aquellos que cumplan carreras de cotización de 38,5 años podrán jubilarse a los 65 años y cobrar el cien por cien de la pensión.

De hecho, éste ha sido el principal escollo de las negociaciones desde que el Gobierno anunciara su intención del elevar el retiro a los 67 años. Los sindicatos siempre se han posicionado en contra de esta medida y han llegado incluso a amenazar con convocar otra huelga general si el Ejecutivo seguía adelante.

INTENSIFICARON LAS NEGOCIACIONES

Las posturas parecían muy distanciadas, pero en el último mes y ante la proximidad de la fecha anunciada por el Gobierno para aprobar el anteproyecto de ley, las partes decidieron intensificar las negociaciones para acercar posturas.

Desde entonces, han celebrado numerosas reuniones, algunas incluso de más de 14 horas, con el objetivo de lograr un consenso tras el desacuerdo del Pacto de Toledo. Estos encuentros han llevado a los sindicatos a aceptar el nuevo límite de 67 años, pero imponiendo algunas de sus condiciones, como el mantenimiento de los 65 para aquellos que coticen 38,5 años.

Pero éste no es el único cambio que han acordado Gobierno y agentes sociales en esta materia. También han llegado a un acuerdo para ampliar el cómputo de las pensiones de 15 a 25 años en dos tramos, de forma que la ampliación definitiva podría estar completada como muy tarde en 2023.

BENEFICIOS PARA JÓVENES Y MADRES

El acuerdo incluye muchas otras medidas, como la ampliación a 37 años del periodo de cotización para tener derecho a toda la prestación para aquellos que se jubilen a los 67, incentivos para el retraso de la edad de jubilación y coeficientes reductores de la edad de jubilación para trabajos tóxicos, penosos, insalubres o peligrosos.

Igualmente, otorga a mujeres y hombres nueve meses de cotización por hijo, con un máximo de dos años, si han interrumpido su vida laboral para su cuidado, al tiempo que reconoce la participación en programas formativos o de investigación como periodos de cotización, con efectos retroactivos desde 2009 y un máximo de dos años.

Para garantizar la proporcionalidad entre las contribuciones y las prestaciones esperadas se realicen desde 2027, el acuerdo contempla una revisión cada cinco años de los parámetros fundamentales. Estas revisiones responderán a las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años en el año en que se efectúe la revisión y la de 67 años en 2027