La Comisión municipal que investigará las lonas de Gran Vía ya está en marcha

La Comisión municipal sobre las lonas de Gran Vía investigará, con la intención de contar con unas conclusiones antes de las elecciones de mayo, si se pagaron 200.000 euros por el material en sí o solamente por su colocación.

Así lo ha explicado el presidente de la Comisión, el regionalista Miguel Gómez Ijalba, al término de la primera reunión de este organismo especial, constituido este miércoles, y que cuenta con la participación de dos concejales del PSOE, dos del PP y uno del PR.

Según ha detallado Ijalba, “la constitución de esta Comisión especial tratará de esclarecer la contratación, adjudicación y pago de 200.000 euros por parte del anterior Gobierno municipal del PP, entre los años 2006 y 2007, para la colocación de las lonas en el entorno de la Gran Vía”.

Ha considerado, al respecto, “fundamental aclarar quién autorizó el pago fragmentado de estos 200.000 euros”, lo que supuso su conversión en contratos menores “para poder eludir la Ley de Contratos del Estado”.

En este sentido, ha dicho que “se van a oir a todas las partes” y se han solicitado, para ello, hasta seis comparecencias: la del interventor municipal, de los directores generales de Contratación y de Movilidad, del gerente actual de Fundación Logroño Turismo y de la gerente en la época investigada, Carmen González-Cuevas.

Para Ijalba, “parece” que González-Cuevas “pudo ser quien autorizó el pago fragmentado”, mientras se baraja, a la espera de la documentación necesaria, la comparecencia del concejal encargado de dirigir las sesiones del Patronato de la Fundación en el momento de los hechos, ya que la tarea se repartía entre tres personas: Mar San Martín, Conrado Escobar o Javier García Turza.

INFORMACIÓN SOBRE EL CASO

Además de las comparecencias “en las que se van a escuchar tanto a cargos públicos como a técnicos”, por parte de la Comisión se ha solicitado también “que tanto el Ayuntamiento como la Fundación Logroño Turismo recopilen toda la información” sobre el caso.

Las reuniones, que se celebrarán “cada diez o quince días”, serán a puerta cerrada “pero se podrá dar a conocer cualquier dato”. Las conclusiones finales que se adopten “serán vinculantes” y se aprobarán posteriormente por parte del pleno municipal “con lo que vincularán completamente al Ayuntamiento en lo político, lo administrativo y lo técnico”.

Sobre la posible dirección de las conclusiones, Ijalba ha avanzado que “se podría reclamar judicialmente responsabilidad civil y económica, por autorizar un pago sin recibir contraprestación”, por lo que ha insistido en la necesidad de determinar “si se compró como material o si se pagó sólo por su colocación”.

“Las conclusiones irán en función de quién autorizó el pago fraccionado para eludir la ley, qué servicio se prestó y, en su caso, dónde está el material, porque lo único seguro es que el tema sólo pasó por el Patronato de la Fundación como un hecho consumado y que el Ayuntamiento nunca ha tenido las lonas”, ha finalizado Gómez Ijalba.

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