¿Los Derechos Humanos son una prioridad?

El pasado 6 de abril, Amnistía Internacional (AI) presentó el informe “Voces contra el olvido: La respuesta de la política exterior española a los abusos de derechos humanos en el mundo”. Durante el acto, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, lanzó un claro mensaje a los medios de comunicación que estaban presentes: “Los Derechos Humanos continúan sin ser un interés nacional para el gobierno español”.

En la misma línea, Beltrán afirmó que “España dio un gran paso en 2008 con la aprobación de un Plan Nacional de Derechos Humanos, pero no ha conseguido poner los Derechos Humanos en la primera línea de política exterior”. En relación con el Norte de África y Oriente Próximo, el director de la organización reiteró que “los Derechos Humanos no han sido una prioridad para España y la Unión Europea”. “Sin Derechos Humanos es difícil que haya una estabilidad en otras materias”, añadió.

Tanto Esteban Beltrán como Ángela Iranzo, investigadora de AI, coincidieron en asegurar que el gobierno español ha hecho “declaraciones condescendientes con países como Marruecos” en este sentido.

Al principio de esta legislatura, Amnistía Internacional presentó una agenda de Derechos Humanos al gobierno y al resto de grupos parlamentarios representados en el Congreso y en el Senado. Tal como explicó Iranzo, España “ha luchado más allá de la presión de la crisis para que los países no reduzcan su compromiso con los Objetivos del Milenio”, pero aún así la agenda es necesaria para disminuir el notab

le desequilibrio entre la defensa de los Derechos Humanos en foros multilaterales y el traslado posterior de esos compromisos a las relaciones bilaterales entre países.

Según los representantes de Amnistía Internacional, en los encuentros bilaterales oficiales de España con países como Colombia, Marruecos o China no hay constancia de que se haya incluido en la agenda política el tema de los Derechos Humanos: “ha primado los intereses económicos frente a los Derechos Humanos”. Un ejemplo de ello, es la venta de armas. En los últimos años, España ha vendido armamento ha países donde se violan los DDHH y donde existen conflictos latentes (algunos ya activos) importantes como Pakistán, Bahréin, Siria, Libia, Israel, Irán, Egipto, Marruecos, Sudán o Colombia. Por otro lado, Amnistía valora positivamente que España haya apoyado las negociaciones para la aprobación en 2012 de un Tratado Internacional para la regulación del comercio de armas.

Ante los recortes en materia de jurisdicción universal llevados a cabo por diversos gobiernos, entre ellos el español, que limitan la capacidad de los estados de juzgar flagrantes violaciones de los Derechos Humanos como los crímenes de lesa humanidad o las desapariciones masivas, Iranzo calificó la situación de “tremenda incoherencia” y afirmó que estos recortes representan “claros obstáculos para que las víctimas encuentren justicia y reparación”. “La política exterior tiene consecuencias sobre las personas concretas”, añadió Ángela Iranzo.

Haciendo alusión al conflicto bélico en Libia, Esteban Beltrán afirmó que “en las zonas ocupadas o reocupadas por las fuerzas de Gadafi, hay una pauta de desapariciones forzadas”. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno español que la población civil Libia sea especialmente protegida y que no haya objetivos civiles en la operación. En relación a este punto, el director de la organización aseguró que “para Amnistía Internacional es prioritario que se mantenga un corredor humanitario”.

En lo que concierne a Guantánamo y a los juicios militares que se celebrarán contra los presuntos autores de los atentados del 11-S, Beltrán valoró esa decisión como “una traición de las promesas del presidente Obama en materia de Derechos Humanos”. En la prisión militar quedan actualmente 172 presos que según esta decisión del gobierno estadounidense ya no serán juzgados por una corte civil. El cierre de Guantánamo, prometido por Barack Obama durante su campaña a la presidencia, se ha retrasado considerablemente y según Eric Holder, Fiscal General de los Estados Unidos, no se contempla el cierre hasta el año 2013.

Los representantes de la organización también manifestaron su preocupación por la situación en la Franja de Gaza y comunicaron que harán llegar a los partidos políticos con representación parlamentaria un decálogo de medidas “para una política exterior española comprometida con los Derechos Humanos” que empiece por la incorporación de dichas medidas en los programas electorales de cara a la próxima legislatura.

Entre las mencionadas recomendaciones, se insta a “recuperar el compromiso con la justicia internacional”, adoptar política que prioricen el apoyo a las víctimas y a los activistas y que se rindan cuentas de lo ocurrido en el contexto de la “guerra contra el terror” emprendida por Estados Unidos y apoyada por varios miembros de la OTAN a partir del 11-S.