La fiscalía solicita revocar la libertad de Troitiño
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal que “se deje sin efecto la puesta en libertad del penado Antonio Troitiño” y que “proceda al abono de las prisiones provisionales sufridas de manera sucesiva según se vayan cumpliendo las diversas penas por la que ha sido condenado, hasta alcanzar el límite de 30 años de prisión”.
Según se desprende del recurso de súplica presentado por el Ministerio Público, esta petición supondría mantener como fecha de cumplimiento y excarcelación del ex miembro del “comando Madrid” el 17 de enero de 2017, en aplicación de la conocida como doctrina “Parot”.
La Fiscalía se opone de este modo a la aplicación por parte del tribunal presidido por el juez Alfonso Guevara de la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en la sentencia 57/08, que se opone a la del Tribunal Supremo y contempla la obligación de restar el tiempo que permanezca un recluso en prisión preventiva de cada una de las penas que esté cumpliendo por otros delitos.
La Fiscalía insiste en que el límite legal de 30 años de prisión “no constituye una nueva pena que sustituya a las anteriores” sino que es un límite establecido para su cumplimiento efectivo. Troitiño estaba condenado por 22 asesinatos perpetrados entre 1983 y 1986 a un total de 2.746 años, de los que sólo ha cumplido 24.
Así, el escrito del Ministerio Público especifica que según la doctrina impuesta por el TS, las prisiones preventivas que haya podido cumplir un reo deben restarse a cada una de las penas impuestas pero en ningún caso al límite máximo de cumplimiento de 30 años, como ha sucedido en este caso.
La Fiscalía refleja en su escrito el criterio del Supremo, que en sentencia de 28 de febrero de 2006 indicaba que aplicar el doble cómputo carece “de cualquier lógica” ya que por tal regla, “significaría punitivamente lo mismo cometer un asesinato que doscientos”.
El Ministerio Público asegura que ya ha mantenido esta misma postura en otros casos de abono de prisiones provisionales como sucedió con el miembro de ETA Ángel Luis Hermosa, también puesto en libertad el pasado mes de enero por la Sección Tercera. Esta excarcelación ha sido recurrida por el Ministerio Público ante el Tribunal Supremo.
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