El número de quejas ante el CERMI se duplicó en 2010

El número de quejas recibidas en la asesoría jurídica del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) por vulneraciones de derechos se duplicaron el año pasado, con un total de 408 frente a las 207 recogidas en 2009.

Esta es una de las conclusiones del Informe de Derechos Humanos y Discapacidad en España 2010, que se publicará próximamente, avanzadas por la delegada del CERMI para la Convención de la ONU, Ana Sastre, durante la III Jornada de la Defensa Legal de la Discapacidad.

Según ha explicado, de las más de 400 quejas recibidas, 16 afectaban a niñas con discapacidad y 17 a niños, mientras que 218 procedían de hombres y 144, de mujeres.

En cuanto al objeto de las consultas, las más invocadas fueron las administrativas y las relacionadas con la Seguridad Social. No obstante, ha destacado el incremento de las relativas a la Ley de Igualdad, No Discriminación y Accesibilidad Universal (Liondau).

“Son cada vez más las personas que son capaces de identificar situaciones de discriminación, pasando de un tres por ciento de las consultas en 2009 al nueve por ciento en 2010”, ha comentado.

Asimismo, el 21% de las quejas versaban sobre prestaciones sociales, mientras que un 20% eran relativas al empleo. También fueron numerosas las consultas por reclamaciones en temas fiscales, así como sobre vivienda de propiedad horizontal y sobre educación.

Sastre se ha referido además a consultas recibidas sobre ausencia de igualdad de oportunidades por falta de regulación, por la violación de la legislación, sobre todo, en materia de accesibilidad, o por falta de enfoque de perspectiva de género; y la violación del principio de participación y consulta de las personas con discapacidad.

“Es necesario modificar la legislación que suponga situaciones de discriminación. Es necesario seguir trabajando en la toma de conciencia en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad. Hay graves incumplimientos de la ley y es importante trabajar en la toma de conciencia social que evite incumplimientos y refuerce el enfoque de derechos humanos de la discapacidad”, ha apuntado.