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La Defensora pide más aparcamientos para minúsvalidos en el San Pedro

EFE

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La Defensora del Pueblo Riojano, María Buyo Díez Jalón, ha sugerido al Ayuntamiento de Logroño y a la Consejería de Salud el incremento de las actuales plazas reservadas para personas con movilidad reducidas en las zonas de aparcamiento en los lugares próximos al Hospital San Pedro.

La Defensora, en sendas sugerencias, fechadas el pasado día tres, también propone la puesta en marcha de mecanismos eficaces que permitan controlar el uso indebido de esas plazas de aparcamiento reservadas a personas con movilidad reducida.

La Asociación “La Rioja sin barreras” presentó una queja ante la Defensoría sobre los problemas que sufren las personas con discapacidad y movilidad reducida ante el “nulo” respeto de muchos conductores al derecho que tienen para aparcar en plazas reservadas para ese uso.

Este colectivo, según relata la Defensora, indica que el principal problema se produce en aparcamientos de uso público, pero de gestión privada, dado que la Policía Local no tiene potestad para intervenir ante eventuales incumplimientos.

A ello se suma la nueva política de aparcamientos del Hospital San Pedro, dado que, según esa Asociación, se ha producido una merma “notable” de las plazas de aparcamiento libres para personas con movilidad reducida porque el del CIBIR es de pago.

La Defensora pidió a la Consejería de Salud información sobre el número y distribución actual de las plazas de estacionamiento reservadas a las personas con discapacidad en el aparcamiento del Hospital San Pedro y si había previsto incrementar las actuales en espacios próximos a lugares donde se concentren o radiquen edificios públicos, con especial referencia a este centro sanitario.

También solicitó al Ayuntamiento logroñés información sobre el número y distribución actual de las plazas de estacionamiento reservado a estas personas que hay en la Zona Suroeste, con especial atención al entorno hospitalario; y si prevería incrementarlas en espacios próximos a donde haya edificios públicos.

Otra de sus peticiones se refería a las medidas que podía implantarse para evitar y sancionar el uso indebido de los estacionamientos para minusválidos existentes en espacios de uso público, pero de gestión privada, con respeto siempre a la normativa municipal vigente.

La Consejería, en su respuesta, ha detallado que el número de plazas reservadas en el Hospital San Pedro cumple “sobradamente” la normativa, al doblar las existentes al número correspondiente, sin citar el número exacto de plazas habilitadas.

También ha dicho que ha alcanzado un acuerdo con la Asociación que presentó la queja para incrementar las actuales plazas de estacionamiento en la zona y que ha iniciado los trámites para conseguir una solución global al problema planteado, derivado, sobre todo, del uso indebido de estos aparcamientos por ciudadanos no discapacitados.

La Asociación, según recoge el texto de la Defensora, insiste en que su mayor interés no radica en el aumento de plazas, sino en que éstas se sitúen en lugares más próximos a los accesos del Hospital, que se garantice la accesibilidad de los itinerarios peatonales desde las zonas de aparcamiento a la entrada del complejo hospitalario y que se controle el uso fraudulento de tarjetas de aparcamiento de personas con discapacidad no válidas.

El Ayuntamiento de Logroño, en su respuesta a la Defensora, ha recordado que la gestión del viario perimetral del complejo hospitalario y sus zonas de estacionamiento fuera de viario son competencia del Gobierno de La Rioja.

Ha añadido que en el barrio de La Estrella hay 290 plazas de aparcamiento el en viario público, de las que tres están reservadas para personas con movilidad reducida, por lo que se cumple la norma; y detalla su voluntad de establecer nuevas reservas para mejorar la accesibilidad a centros escolares, instituciones, asociaciones y centros asistenciales, excepto al Hospital San Pedro.

Díez Jalón cree que el Ayuntamiento y la Consejería deben concurrir para dar una solución integral al problema, dado que, aunque es competencia municipal la ordenación y el control de tráfico en las vías urbanas, en la capital riojana no existe una ordenanza municipal que detalla más el uso de las vías urbanas.

Por ello, la actuación de la Policía Local en este sentido se rige por lo marcado en la Ley de Tráfico y los problemas surgen cuando se trata de aparcamientos de uso público pero de titularidad privada, donde la Policía Local no puede intervenir.

La Defensora ha sugerido algún tipo de convenio entre las administraciones local y regional, como de cesión de gestión de las plazas de aparcamiento reservadas para discapacitados o cualquier otra fórmula que permita la retirada y denuncia de los vehículos que estén estacionados sin autorización en esas plazas reservadas.

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