Trabajadores sociales critican la intención del Gobierno de instaurar un trabajador social por cada 4.000 vecinos

El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de La Rioja ha pedido al consejero de Salud y Servicios Sociales, José Ignacio Nieto, que no se elimine la obligatoriedad de que los municipios cuenten con un trabajador social para cada 4.000 habitantes.

Este Colegio Oficial ha detallado hoy que ha pedido a Nieto una reunión para exponerle los perjuicios que para el Sistema Público de Servicios Sociales de La Rioja tendría esta medida, contemplada en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2012.

Ha recordado, en un comunicado, que el Gobierno de La Rioja ha publicado en su página web su intención de modificar la Ley de Servicios Sociales y eliminar la obligatoriedad para las administraciones locales de contratar a un trabajador social por cada 4.000 habitantes.

Esta medida, si se aplica, dejaría en manos de cada municipio o mancomunidad de municipios la decisión respecto al número de profesionales con los que contarán las administraciones locales para garantizar el acceso de los ciudadanos al Sistema Público de Servicios Sociales, ha precisado el Colegio Oficial.

También considera que esta medida pone en riesgo la prestación de unos servicios sociales de calidad para toda la población riojana y entiende que es una “agresión” al Sistema Público de Servicios Sociales, en un momento en el que un número muy elevado de personas se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

La presidenta de este Colegio Oficial, Vanessa Villa, remitió, el pasado día 22, una carta a Nieto para exponerle el punto de vista de los profesionales y pedir al Gobierno riojano que reconsidere efectuar esa modificación en la Ley de Servicios Sociales, sin que aún haya recibido una respuesta, ha indicado.

Se ha referido a que la modificación de la Ley de Servicios Sociales se ha planteado sin acudir al Consejo Riojano de Servicios Sociales, por lo que cree que el Gobierno de La Rioja ha decidido unilateralmente modificar la norma y que no tiene intención de abrir un diálogo al respecto.