El recorte en el presupuesto de la Defensora del Pueblo supone el despido de tres o cuatro personas

La Defensora del Pueblo Riojano, María Buyo Díez Jalón, ha apostado por la “subsistencia” de la institución, y ha criticado que se haya reducido su presupuesto para el año 2012 en un 33 %, lo que supondrá el despido de tres o cuatro personas y un replanteamiento de la Oficina.

Díez Jalón ha presentado hoy en Logroño, en una rueda informativa, el balance de la Defensoría del Pueblo Riojano del ejercicio 2011, que es el quinto año de funcionamiento de la institución y de su mandato, que finalizará el próximo día 27.

La Defensora ha añadido que hará lo posible, mientras ella ocupe este cargo, para que la institución continúe su funcionamiento, sobre todo en una época de crisis, que es cuando es más necesaria.

Ha explicado que el Parlamento de La Rioja, del que es Alto Comisionado la Defensoría, aprobó, en septiembre pasado, el presupuesto que presentó Díez Jalón para 2012, con una reducción del 14 % respecto al de 2010, superior al 10 % recomendado por la Consejería de Hacienda.

Esa reducción del 14 % se ha convertido, dos meses más tarde, en una del 33 %, sin que a la Defensora se le hayan explicado los motivos de esa decisión, ha dicho Díez Jalón, quien ha calificado ese “sacrificio” económico como “desproporcionado”.

Ha reconocido que sabe que hay que contener el gasto público en una situación de crisis económica, por lo que será la primera en ir por la senda del sacrificio.

También ha dicho que no entiende por qué a una institución tan pequeña y modesta como es la Defensoría se le exige este sacrificio tan desproporcionado, que no se ha pedido a otras instituciones.

Díez Jalón ha recordado que la creación de la institución de la que es responsable fue una decisión política, adoptada en 2006 por unanimidad del Parlamento, que es el que debe decidir qué quiere hacer con la Defensoría, que, ha subrayado, actúa con independencia, objetividad, rigor, eficacia y celeridad.

Para ella, la situación económica de 2006 no es muy diferente a la actual, pero ha insistido en que no se pronunció sobre la decisión política de crear la Defensoría y no lo hará tampoco sobre su posible o eventual supresión.

Respecto al balance de la Defensoría de 2011, ha detallado que, hasta el pasado día 15, se han contabilizado 1.640 consultas, de las que un 8,17 % se refirieron al área Hacienda, sobre todo las liquidaciones complementarias, y un 7,6 % al de bienestar social.

La administración autonómica, con 36,36 %, acaparó la mayor parte de estas consultas, mientras que se han registrado 508 quejas, que es un número similar al de 2010.

La Defensoría, que su titular ha definido como un “pequeño observatorio”, ha precisado que la mayoría de las quejas han aludido, con un 23,23% del total, al área de urbanismo, fundamentalmente a expedientes municipales sancionadores; a las de tráfico y educación, con un 8,27 %, y, con un 7,68 %, a la de bienestar social, con especial incidencia en la aplicación de la Ley de Dependencia.

Por Consejerías, la de Salud y Bienestar Social es en la que más quejas se han producido, seguida de la de Educación, Cultura y Turismo y Administración Pública y Hacienda.

La Defensoría, en los últimos cinco años, ha tenido abiertos expedientes relacionados con unos 150 municipios riojanos y, mientras se ha detectado un aumento paulatino de las consultas, el número de quejas se ha estabilizado, según Díez Jalón.

Un 68,96 % de las recomendaciones de las Defensora se han aceptado, así como un 57,14 % de sus sugerencias y un 72,73 % de sus recordatorios de deber legal.

La Defensora ha iniciado este año 24 procedimientos de oficio, de los que un 8,33% se han referido a las áreas de bienestar social y educación; y ha elaborado tres informes especiales sobre la contaminación acústica, las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y la administración electrónica.