El 20 de diciembre de 2011
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El Constitucional deniega el amparo a Ortega tras ser expulsada del Parlamento riojano
La diputada socialista fue llamada al orden en varias ocasiones para después ser expulsada, por primera vez en la historia del Parlamento riojano, de la Cámara. Los populares aseguran que la sentencia ratifica la decisión del presidente José Ignacio Ceniceros.
EFE
El Tribunal Constitucional ha denegado el amparo solicitado por la diputada regional del PSOE Inmaculada Ortega tras su suspensión en el ejercicio de la función parlamentaria, acordada tras su expulsión de un Pleno de la Cámara riojana en abril de 2010.
Así lo detalla una sentencia del TC, facilitada hoy en una rueda de prensa por el secretario general del Partido Popular de La Rioja, Carlos Cuevas.
Ha constatado que el presidente del Parlamento de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, actuó conforme al Reglamento de la Cámara y su decisión "es perfectamente legítima y no vulnera el derecho a la legalidad sancionadora".
Durante un Pleno celebrado el 15 de abril de 2010, Ceniceros llamó al orden a Ortega hasta tres veces, la tercera con motivo de unas preguntas del Grupo Socialista sobre la conducción del consejero de Presidencia, Emilio del Río, de un coche oficial en parte del trayecto Logroño-Zaragoza en noviembre de 2009.
Según detalla la sentencia, Ceniceros le pidió a Ortega que abandonase el Pleno porque había "superado todos los límites", pero ella se negó, por lo que la expulsó y tuvo que suspender la sesión para que la diputada socialista saliese del hemiciclo.
Cuando se reanudó el Pleno, Ortega tampoco accedió a marcharse, por lo que el presidente de la Cámara convocó a la Mesa y Junta de Portavoces y explicó las sanciones previstas en el reglamento por este tipo de comportamientos.
"Ante la persistencia" de esta diputada de no abandonar el salón de plenos, detalla el fallo del TC, Ceniceros se vio obligado a suspender la sesión hasta una nueva convocatoria.
Finalmente, la Mesa de la Cámara acordó la suspensión del ejercicio de la función parlamentaria de Ortega por el plazo de un mes, según recoge el Reglamento.
Cuevas ha recalcado que, según la sentencia, "no hubo ninguna vulneración del derecho de defensa" de la demandante y la sanción fue "proporcionada y previsible", ya que se le avisó de las consecuencias de su comportamiento.
En su opinión, la actitud de Ortega, "que contribuye a que los ciudadanos tengan mala imagen de los políticos", es "aún más grave", ya que, además, es miembro de la Mesa del Parlamento.
Así lo detalla una sentencia del TC, facilitada hoy en una rueda de prensa por el secretario general del Partido Popular de La Rioja, Carlos Cuevas.
Ha constatado que el presidente del Parlamento de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, actuó conforme al Reglamento de la Cámara y su decisión "es perfectamente legítima y no vulnera el derecho a la legalidad sancionadora".
Durante un Pleno celebrado el 15 de abril de 2010, Ceniceros llamó al orden a Ortega hasta tres veces, la tercera con motivo de unas preguntas del Grupo Socialista sobre la conducción del consejero de Presidencia, Emilio del Río, de un coche oficial en parte del trayecto Logroño-Zaragoza en noviembre de 2009.
Según detalla la sentencia, Ceniceros le pidió a Ortega que abandonase el Pleno porque había "superado todos los límites", pero ella se negó, por lo que la expulsó y tuvo que suspender la sesión para que la diputada socialista saliese del hemiciclo.
Cuando se reanudó el Pleno, Ortega tampoco accedió a marcharse, por lo que el presidente de la Cámara convocó a la Mesa y Junta de Portavoces y explicó las sanciones previstas en el reglamento por este tipo de comportamientos.
"Ante la persistencia" de esta diputada de no abandonar el salón de plenos, detalla el fallo del TC, Ceniceros se vio obligado a suspender la sesión hasta una nueva convocatoria.
Finalmente, la Mesa de la Cámara acordó la suspensión del ejercicio de la función parlamentaria de Ortega por el plazo de un mes, según recoge el Reglamento.
Cuevas ha recalcado que, según la sentencia, "no hubo ninguna vulneración del derecho de defensa" de la demandante y la sanción fue "proporcionada y previsible", ya que se le avisó de las consecuencias de su comportamiento.
En su opinión, la actitud de Ortega, "que contribuye a que los ciudadanos tengan mala imagen de los políticos", es "aún más grave", ya que, además, es miembro de la Mesa del Parlamento.
