Sanz cree que hay cierto abuso en el déficit autonómica y mira a las comunidades con más competencias

El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, ha afirmado que esta comunidad no tiene ninguna posibilidad de reducir su tramo autonómico del IRPF, al menos hasta que conozca el presupuesto del Estado para 2012.

Sanz, a preguntas de los periodistas, ha aludido a la posibilidad que estudia Madrid de reducir el tramo autonómico del IRPF, comunidad que es junto a La Rioja la que menor nivel de déficit tiene y ambas, además, son las que tienen menor presión fiscal.

El presidente del Ejecutivo riojano ha incidido en la autonomía fiscal que tienen las comunidades para tomar decisiones sobre ese tramo autonómico.

En estos momentos, ha dicho, no existe “ninguna posibilidad” de reducir el tramo autonómico del IRPF mientras no conozca las medidas económicas que se presentarán a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera o el dinero que llegará a cada una de los próximos presupuestos generales del Estado.

Por ello, cree que cualquier decisión de subir o bajar impuestos sería “una temeridad”.

Sanz también ha aludido a los 15.000 millones de euros de más de déficit autonómico que, según dijo ayer el presidente español Mariano Rajoy, se ha encontrado el nuevo Gobierno.

El presidente riojano ha asegurado que “se está maltratando, en el mejor sentido de la palabra” a las comunidades autónomas por el déficit.

Ha admitido que “puede haber algo de cierto” al hablar de “abuso” en el gasto de las regiones españolas, pero éstas son las que tienen competencias “más gastadoras” como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Y en esas áreas, ha proseguido, hay decisiones del Gobierno de España que hacen que las comunidades deban ofrecer prestaciones y servicios y los recursos “deban salir de su bolsillo” como, por ejemplo. la Ley de Dependencia, en la que 85 de 100 euros de su financiación provienen de las regiones, ha afirmado.

Por ello, el presidente riojano es partidario de analizar todos los capítulos de gasto y las competencias que tienen las comunidades autónomas para comprobar si es necesario “ajustar” alguna.