El Fiscal y la acusación mantiene la pena de 20 y 25 años para el retén de Cornago
La Fiscalía de La Rioja y la acusación particular mantienen sus peticiones de 20 y 25 años de cárcel para el retén de incendios acusado de matar a un compañero de trabajo, mientras que la defensa de este hombre pide su absolución por anomalía psíquica o que se considere este estado como atenuante.
El abogado del acusado ha dicho hoy, en el juicio con Jurado Popular que juzga a este hombre, que si no se considera su absolución se debería aceptar la atenuante de alteración psíquica, lo que supondría entre ocho y once años de cárcel por un delito de homicidio, según la calificación de su estado mental.
En la sesión de esta mañana, en la que las partes han presentado sus conclusiones, el Ministerio Público ha mantenido su solicitud de veinte años de cárcel para este hombre por un delito de homicidio, al igual que los letrados de la acusación particular, que representan a la viuda y a los huérfanos del fallecido y a sus padres, y que demandan 25 años.
Ante la insolvencia del procesado, las partes reclaman al Gobierno de La Rioja la asunción de la responsabilidad civil subsidiaria por indemnizaciones para los familiares del fallecido y gastos del funeral, que oscilan entre los 259.047 euros que reclama la Fiscalía, los 388.693 de la acusación particular de la viuda, otros 35.224 del letrado de los padres y los 213.800 de la defensa.
La letrado que representa a la Comunidad Autónoma de La Rioja ha reiterado que el tiroteo, ocurrido en un monte de Cornago en mayo de 2010, fue un hecho “totalmente ajeno” a las funciones que J.M.V.O. tenía encomendadas como retén de incendios y que respondió a “conflictos personales” con la víctima, ajenos a su puesto laboral.
En su turno de palabra, el acusado ha insistido en que sufrió una situación de “mobbing” o acoso psicológico laboral de la que informó a la administración, con tres quejas por escrito, además de haber sufrido dos agresiones físicas mientras trabajaba.
Entre sollozos, ha dicho que “la tristeza y la preocupación” dominaron su vida hasta el momento del tiroteo, cuando sintió “una gran sensación de alivio”, aunque días después se quedó “paralizado y destrozado” por los hechos cometidos.
También ha explicado que, durante su estancia en prisión, ha leído mucho sobre psicología y medicina, por lo que cree que su comportamiento responde a un mecanismo de defensa ante las agresiones que sufrió por parte de su entorno laboral.
El fiscal ha recalcado que existió alevosía por parte de J.M.V.O., ya que se aprovechó de la situación de “indefensión” de la víctima, con una “desproporción de medios” -al empuñar un arma de fuego- y con un “ataque súbito”, por lo que los hechos deben ser considerados un asesinato y no un homicidio.
Ha descartado que sufra una patología psíquica, como sostienen los peritos de la defensa, ya que no presenta signos de padecer una enfermedad mental ni tiene delirios persecutorios, aunque tenga rasgos “anómalos” de personalidad que dificulten sus relaciones sociales.
El representante del Ministerio Público se ha mostrado “convencido” de que el acusado “sabía perfectamente lo que hacía”, porque actuaba por un móvil de “venganza” hacia la víctima.
En este sentido, el abogado de su viuda ha coincidido en que actuó por “odio” hacia el fallecido, a quien quiso darle “un escarmiento”, pero pensó “reflexivamente” lo que iba a hacer, ya que actuó con premeditación al llevar la pistola y munición.
Ha opinado que la Comunidad Autónoma se comportó de forma “negligente”, por lo que debe ser condenada a pagar las indemnizaciones, y “además ejemplarmente”.
El otro letrado de la acusación particular ha dicho que fue “un asesinato con todas las letras”, porque el procesado era “plenamente consciente de lo que hacía y de sus consecuencias”.
Por su parte, la defensa ha argumentado que no hubo alevosía solo porque el agresor estuviese a metro y medio de distancia, por lo que cree que la petición de 25 años de cárcel es una demanda “artificiosa e indebida por una errónea interpretación del Código Penal”.
Ha recordado que todos los peritos coincidieron en que es una persona “obsesiva y paranoide”, aunque los psiquiatras de la defensa consideraron que padecía una psicosis.
La representante del Gobierno regional ha descartado que haya datos de que la administración actuase de forma “negligente” y ha detallado que ya pagó 42.000 euros a la viuda de la víctima, porque la muerte ocurrió durante su jornada laboral.
El magistrado redactará mañana el objeto de veredicto, que consultará con las partes el próximo miércoles antes de entregarlo a los miembros del Jurado, quienes se retirarán a deliberar incomunicados para determinar si los hechos presentados en este escrito han sido probados o no, hasta decidir si el hombre es o no culpable
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