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El 10 de julio de 2012

Tiempo de lectura: 01:07
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El Ayuntamiento de Logroño expedienta a cinco funcionarios por protestar contra la nueva jornada laboral

Los empleados públicos han visto incrementada su jornada de trabajo de 35 a 37,5 horas semanales, lo que ha provocado diversas reacciones y protestas que han acabado con cinco expedientes disciplinarios por ausentarse del puesto de trabajo y usar material del Ayuntamiento indebidamente.

Miguel Sáinz, concejal de Interior del Ayuntamiento de Logroño

Redacción

La regulación sobre la jornada laboral de los funcionarios, que debe ampliarse por ley de las 35 a las 37,5 horas, ha provocado numerosas protestas y reivindicaciones. Por este motivo, el Ayuntamiento de Logroño considera 'intensa' la reacción de algunos trabajadores públicos en respuesta a esta modificación.

Las protestas se centraron en un grupo reducido de funcionarios que, tanto en el edificio del Consistorio como en la calle, e incluso en la puerta de la alcaldesa, Cuca Gamarra, reivindicaron su jornada laboral tradicional frente a la nueva de 2,5 horas semanales adicionales .

Ante estas actuaciones, la Administración local ha decidido expedientar a cinco empleados públicos por el abandono del puesto de trabajo y una utilización irregular e ilegítima de los bienes del Ayuntamiento de Logroño.

Así lo ha expresado el portavoz del equipo de Gobierno, Miguel Sáinz, quien ha asegurado "este uso ilegal y no autorizado de medios materiales del Consistorio, y el abandono de los puestos de trabajo para acudir a las concentraciones suponen una violación flagrante de sus obligaciones, por lo que la respuesta de este equipo de Gobierno es clara con la incoación de estos expedientes".

Además, ha afirmado que creen que el esfuerzo que están pidiendo a los funcionarios es razonable y que respetan las discrepancias relacionadas con esta decisión pero siempre evitando afectar al ciudadano y teniendo en cuenta que éste debe estar siempre bien atendido.

Por último ha aclarado que los expedientes displicionarios abiertos a los empelados públicos hasta ahora pueden culminar en suspensiones de empleo y sueldo, por períodos distintos, según cada caso particular y la gravedad de los hechos.

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A favor 2 En contra 6

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