Izaskun Fernández: “La ley de Gallardón es un ataque claro a los derechos de la mujer”
Muchos colectivos están cuestionando la nueva Ley de Interrupción del Embarazo que ha desarrollado el Gobierno central, uno de ellos, las Mujeres Progresistas de La Rioja que consideran que la norma es un claro ataque a los derechos de la mujer. Desde Rioja2.com, también hemos intentado conocer la opinión de una de nuestras representates en el Congreso de los Diputados, la diputada nacional Concepción Bravo pero ha sido imposible.
Por esta razón, únicamente contamos con el testimonio de la presidenta de las Mujeres Progresistas de La Rioja, Izaskun Fernández.
¿Por qué hay tanta oposición a la nueva Ley del Aborto?
Porque volvemos a una Ley de supuestos, más restrictiva que la de 1985 que limita la posibilidad de la interrupción del embarazo a la existencia de malformación creándose así un catálogo de clasificaciones, y en caso de riesgo para la salud de la madre, éste deberá estar constatado, al menos, por dos médicos.
En este sentido, no entendemos el concepto de familia y la protección a la vida de este gobierno que, por un lado impone leyes como ésta, y por otro, ataca a Ley de Dependencia disminuyendo su dotación presupuestaria. El Gobierno central está eliminando las ayudas a las personas dependientes dejándolas totalmente desprotegidas.
Por esta razón, para Mujeres Progresistas de La Rioja la nueva Ley de Gallardón es un ataque claro a los derechos de la mujer. Se está privando a la mujer de poder decidir, se le está negando el ejercicio libre y responsable de su sexualidad. Pensamos que la maternidad debe estar contemplada en un sistema que permita a las mujeres decididir.
¿Qué consecuencias cree que tendrá la aplicación de esta ley?
La existencia de una Ley tan restrictiva como ésta fomentará, sin duda alguna, la desigualdad, no eliminará las interrupciones del embarazo porque se seguirán llevando a cabo como siempre, eso sí, se harán en la clandestinidad, sin condiciones ni medidas de seguridad para la mujer.
Y no es algo que nos estemos inventando la gran mayoría de personas y colectivos que estamos en contra de esta Ley, las cifras están ahí. En 1976, cuando aún no existía ninguna Ley que regulase la interrupción del embarazo, se producían 100.000 abortos clandestinos y morían entre 200 y 400 mujeres al año según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI).
¿Cuál era la situación hasta ahora?
La Ley Orgánica de 2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo garantizaba el derecho a la educación y a la salud sexual. Además reconocía a las mujeres el derecho de una maternidad libremente decidida, consciente y responsable y que su decisión fuese respetada. De igual forma, garantizaba unas condiciones seguras, unas medidas adecuadas y sin consecuencias penales.
La Ley de 2010 establecía un sistema de plazos. De esta forma, durante las primeras 14 semanas las mujeres podían decidir libremente. Y para garantizar que la decisión fuera realmente libre y responsable se les entregaba información sobre sus derechos así como las ayudas públicas y prestaciones a las que podían optar por ser madres. Pero además se les informaba de los métodos de interrupción, las condiciones previstas en la Ley y la cobertura por el servicio de salud correspondiente. Así, se les dejaba un plazo de reflexión de al menos tres días desde la entrega de la información. Entre las 14 y 22 semanas, solo era posible la interrupción del embarazo si existían anomalías graves en el feto o riesgo para la salud de la madre. Y a partir de la semana 22, solo en el caso que en el feto se diagnosticasen anomalías incompatibles con la vida o un enfermedad extremadamente grave o incurable.
En definitiva, la Ley de 2010 mejoró el obsoleto marco en el que estaba la mujer española, un marco en el que había inseguridad jurídica y en el que la interrupción del embarazo era delito y había desigualdad en su aplicación. Inseguridad a la que vamos a regresar con la Ley Gallardón.
¿Cuál es la situación en el resto de países de la Unión Europea?
La Ley de Gallardón nos deja a la altura de países como Polonia, Malta y Andorra, sin duda alguna, los países más conservadores y restrictivos. Nos alejamos así del resto de los países europeos y nos acercamos a modelos tercermundistas.
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