El PR+ no descarta tomar medidas legales contra quienes voten a favor de la refinanciación

El presidente del Partido Riojano, Miguel González de Legarra, junto con el secretario General, Julio Revuelta, valoraron ayer la refinanciación del soterramiento presentada por la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y el consejero de Obras Públicas, Antonino Burgos en la que, por primera vez, el Ayuntamiento y el Gobierno aparecen como avalistas del préstamo.

Tal y como ha explicado Revuelta, hasta ahora “la Sociedad del Ferrocarril tenía un préstamo de 220 millones de euros y la única garantía ante un impago era su patrimonio, el aprovechamiento de los terrenos, es decir, en caso de impago, la entidad financiera se quedaría los terrenos”. Sin embargo ahora, y con la nueva refinanciación que se aprobará el miércoles en un pleno extraordinario, “el Ayuntamiento y el Gobierno aparecen como avalistas de forma que, ante un impago del préstamo, se pagará antes la deuda con el banco que los sueldos de los funcionarios o el servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo”, afirmó. Con la nueva refinanciación, “hemos garantizado que si algo va mal, el Ayuntamiento de Logroño pagará 79 millones de euros y el Gobierno regional otros 79 millones”.

El secretario general de los regionalistas no se opone a una refinanciación del préstamo, lo que rechaza es “que se hayan cambiado las reglas del juego y que sean los ciudadanos de Logroño y de La Rioja los que asuman las pérdidas”. Habría que haber renegociado el préstamo en otros términos pero para eso, aseguró, “hay que tener capacidad de gestión”.

Por esta razón, el presidente del PR+ insistió en que esta formación política “va a hacer todo lo posible para que la refinanciación no se lleve a cabo en los términos explicados por Gamarra y Burgos”. Para el líder de los regionalistas, los únicos que han hecho bien el trabajo han sido los bancos. “Cuando los bancos tienen algún problema, el Partido Popular siempre lo resuelve de la misma forma, a costa de los ciudadanos, cuando hay que elegir, el PP siempre opta por lo mismo, cargar sobre los bolsillos de los ciudadanos”.

Vamos a solicitar, añadió González de Legarra, la certificación de toma de acuerdos, los informes de las asesorías jurídicas del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Logroño y de las intervenciones generales. Pero además, “pediremos la relación nominal de concejales y consejeros que voten a favor porque no descartamos emprender acciones legales contra quienes voten a favor”. Para el líder de los regionalistas, el próximo pleno y consejo de gobierno darán luz verde a “un acuerdo lesivo sobre el que habría responsabilidades personales en quienes lo han adoptado”. “Hay que parar este acuerdo trampa y proteger los intereses de los ciudadanos por encima del de los bancos”, concluyó.