El PR+ denunciará en los tribunales la refinanciación del soterramiento

El presidente del Partido Riojano, Miguel González de Legarra, dio a conocer las medidas judiciales que su formación política  va a emprender contra el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Logroño y los bancos para refinanciar las obras del soterramiento y por el que la capital riojana se ha comprometido a pagar, como mínimo, 37 millones de euros.

Un acuerdo que, desde el principio, los regionalistas han tildado de "lesivo porque lo único que soluciona son los problemas de los bancos cargando contra los ciudadanos", recordó González de Legarra. Por esta razón, adelantó, el 2 de septiembre presentaremos en el Juzgado de Logroño una demanda contra el acuerdo municipal y "pediremos la suspensión cautelar y la responsabilidad personal de los concejales que votaron a favor del mismo", adelantó.

"Vamos a pedir que, por parte de los  juzgados se lleve a cabo la suspensión de la ejecutividad del acuerdo plenario y, por lo tanto, se suspenda también la ejecutividad de la firma posterior de ese crédito". Pero además, añadió "y mientras no se resuelva ese procedimiento, que podría durar dos años, solicitaremos que no entre en vigor y que el Ayuntamiento no esté obligado a nada respecto al contenido del acuerdo aprobado".

Los regionalistas insisten que "estamos ante un acuerdo lesivo y que debería ser el propio Ayuntamiento logroñés el que declarara su lesividad y, por lo tanto, anularlo". Pero van más allá. González de Legarra recordó que con la firma de este acuerdo, el Consistorio logroñés se ha comprometido a pagar, como mínimo 37 millones de euros. "El acuerdo por el que ese lleva a cabo esta refinanciación es ilegal puesto que supone un endeudamiento superior al permitido legalmente y eso es algo que, por sí solo, debería servir para anularlo", dijo.

Pero además, el presidente del PR+, dio cuenta de la información que han pedido a la Secretaría municipal. "Hemos solicitado la identificación de todos los concejales que votaron a favor de este acuerdo en el pleno del 23 de julio". El regionalista entiende que "más allá de las actuaciones en el orden contencioso administrativo, los concejales también pueden tener responsabilidad personal porque ese acuerdo lo adoptaron y votaron a sabiendas de lo que estaban haciendo y conociendo plenamente las nefastas consecuencias que traería para la ciudad y así lo intentaremos hacer ver en los tribunales", aseguró.