El policía que denunció al Ayuntamiento de Calahorra continuará su pelea en el Juzgado

El oficial de la Policía Local de Calahorra que denunció a varios funcionarios y políticos del Consistorio ante la Fiscalía de La Rioja ha señalado que el archivo del caso no acabará con el proceso que él ha iniciado. Va a seguir adelante, según ha explicado a Rioja2, porque no ha aportado toda la documentación que posee en relación a irregularidades que él ha detectado en el funcionamiento de la Administración (borrado de grabaciones policiales y fichas de detención, desaparición de expedientes y expedición de tarjetas de estacionamiento que van contra la Ordenanza de Tráfico, entre otros motivos).

El funcionario señaló ante la Fiscalía que la denuncia de esas presuntas irregularidades, junto a otras que no alcanzan “su gravedad”, por ser meras anomalías administrativas, le ha acarreado “graves consecuencias profesionales y personales”. El Ayuntamiento de Calahorra le abrió cinco expedientes por supuestas infracciones muy graves, lo que le provocó un cuadro “ansioso/depresivo” del que ha sido tratado. El alcalde Luis Martínez-Portillo, sin embargo, comentó el pasado martes que la denuncia podría deberse a una estrategia procesal para que se declare al Consistorio hostil contra él y tengan que abstenerse de intervenir en otro posible expediente que se abriría según la decisión de los tribunales.

Esos expedientes, como explicó el oficial de Policía ante la Fiscalía, estaban motivados “por la detención de un amigo del ex alcalde de Calahorra, Javier Pagola, por un delito contra agentes de la autoridad y por someter a la prueba de alcoholemia a un miembro de la Guardia Civil que circulaba en un coche no rotulado y de paisano”. El funcionario, que niega tajantemente que los hechos que se le imputan sean ciertos, recibió la notificación de estos expedientes el 2 de julio de 2013. Una semana más tarde recibió la baja laboral al sufrir un cuadro “ansioso/depresivo”, relata, porque de haber prosperado habrían significado su separación del servicio.

Esta situación derivó en una reunión el 15 de julio en la que estaban presentes el funcionario denunciante; el ex alcalde Javier Pagola; el concejal de Policía, Javier García; y el actual primer edil y diputado regional, Luis Martínez-Portillo, según la documentación aportada a la Fiscalía. En ella, cuenta el agente de policía, se le ofrece que la resolución de los expedientes quede en una sanción de quince días de suspensión a cambio de retirar las denuncias formuladas entre los días 25 de marzo y 30 de junio de 2013, tanto por él como por el resto de agentes. “En ese momento, en las condiciones psicológicas en las que me encontraba, cedo ante las coacciones y la presión y acepto el pacto”, destaca, por lo que se reúne con el resto de agentes y acceden a retirar las denuncias.

Tras presentar el escrito por el que se retiraban las denuncias “directamente al concejal de Policía, sin que pasara por el Registro General”, el funcionario cuenta que le exigen una modificación en el documento para que tuviera una “mayor fuerza legal”. El edil hace los cambios que considera oportunos, “de su puño y letra”, según consta en el dossier, y se suscribe por todos los interesados. El funcionario es citado el 3 de agosto por la secretaria general del Ayuntamiento de Calahorra para tomarle declaración, y se declara inocente de los hechos que se le imputan en los expedientes, tras lo que recibe una llamada en la que se le comenta que es “imposible reducir las sanciones a los quince días pactados” si no se realizaba un reconocimiento de culpa.

La secretaría general le informó entonces de que, aunque no fueran ciertos los hechos, si no realizaba un reconocimiento de culpa, los expedientes iban a continuar su tramitación y concluirían con una sanción y su separación del servicio, con independencia de su veracidad, según recoge la información puesta en conocimiento de la Fiscalía. “Ante estas coacciones y en las condiciones psicológicas en las que me encontraba, finalmente accedo a lo que me exigen”, añade.