Xabier Benito y Kiko Garrido. Podemos
El tratado CETA entre Canadá y la Unión Europea se aprobó el pasado 15 de febrero en medio de un ambiente excepcional de protestas. La Gran Coalición firmó el tratado desoyendo a la ciudadanía, que recogió más de 3 millones de firmas en contra. De hecho solo en Austria se recogieron este pasado enero más de medio millón de firmas que obligaban a debatirlo en su parlamento.
Mientras tanto, en nuestro país PP, PSOE y C’s no tuvieron ningún problema en votar a favor, pero nosotros nos oponemos por ser un tratado especialmente lesivo y con consecuencias especiales para regiones como La Rioja. Exponemos aquí algunos motivos:
En primer lugar nos oponemos porque es la primera vez que un tratado de la Unión Europea incluye la liberalización de servicios a través del método de "lista negativa", esto es que se liberalizan todos los servicios excepto los reflejados en dicha lista. Este método ha sido una victoria de los lobbies de las corporaciones ya que logra la liberación de más sectores, incluidos aquellos que aún no se han desarrollado o los que surjan en el futuro con el avance de las tecnologías, por ejemplo.
En segundo lugar porque no es un tratado que beneficie a los y las trabajadoras (se calcula una pérdida de 200.000 puestos de trabajo). Los que hablan del posible crecimiento económico con su aprobación pasan por alto que el crecimiento esperado no supera los 0.08% para la UE y el 0.76% para Canadá. Aparte de que con los procesos de privatización y recortes se destruirá empleo público, que por cumplimiento de la ley es un sector feminizado. De esta forma se precarizará el empleo de calidad de las mujeres.
Un tercer motivo es que el CETA es un acuerdo contrario a la lucha contra el cambio climático. El aumento de intercambios comerciales inevitablemente aumentará las emisiones de CO2, más aún cuando el modelo de desarrollo y de producción que impone es similar al que nos ha traído a esta crisis climática. Además Canadá es reconocida por la extracción de petróleos altamente contaminantes que genera la destrucción de grandes bosques en Alberta y viola los derechos de las poblaciones indígenas.
En cuarto lugar, este tratado es especialmente peligroso para zonas como La Rioja que tienen tradición agrícola y ganadera ya que amenaza las denominaciones de origen, lo que impactará muy negativamente sobre el mundo rural y puede afectar de forma muy concreta a muchos productos riojanos. El tratado también incrementará la competencia desleal, amenazará la seguridad alimentaria y pondrá en peligro las explotaciones familiares de pequeña dimensión que ocupan, en Europa, a casi 10 millones de personas.
Además es una herida de muerte para las PYMES: por mucho que se intente vender este tratado como beneficioso para su capacidad de exportación, la mayoría de las PYMES europeas no tienen capacidad para cubrir mercados transatlánticos, pero la llegada de multinacionales sí les dificultará la vida y les quitará negocio y empleos. La cláusula de trinquete -que contiene el tratado comercial UE-Canadá- fija el nivel de la liberalización de servicios públicos para el futuro e impide retroceder a una etapa anterior de liberalización. Así se limita la libertad de decisión de los gobiernos locales, autonómicos o estatales a la hora de adjudicar un contrato de concesión de servicios. El CETA incluye un capítulo sobre reglas de contratación pública muy peligrosos con las que se obligaría a las administraciones locales a tratar a las grandes multinacionales de la misma forma que a las PYMES en la compra pública, algo que viola la libertad de organización municipal. Supondrá que se pierdan empleos, que se encarezcan los servicios y que personas sin recursos queden excluidas. Incluso cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública, como las promovidas por los ayuntamientos del cambio para luchar contra la corrupción, podrían ser suprimidas por el CETA.
Por último y no menos importante, la aplicación del CETA implicará en la práctica el desmantelamiento de nuestra democracia. A través del tribunal de arbitraje, las multinacionales podrán demandar a los Estados por pérdidas económicas o por pérdidas en sus beneficios proyectados. Proponemos un ejemplo para entender mejor esto: en 2015, la empresa canadiense Edgewater anunció su intención de exigir una indemnización a España por la negativa del Gobierno gallego a abrir una mina de oro en Corcoesto, en el municipio de Cabana de Bergantiños, La Coruña. El proyecto de la mina estaba promovido por una filial de Edgewater, Mineira de Corcoesto, cuya sede se encuentra en Panamá. La compañía dijo que "utilizará todos los medios disponibles para defender sus intereses. Si España no accede a compensar de forma inmediata a la empresa por las pérdidas de inversión y oportunidad, acudirá al tribunal de arbitraje previsto en el tratado bilateral entre España y Panamá". En estos momentos la disputa sigue abierta esperando la resolución. Por otro lado, a través de la llamada "cooperación reguladora" este acuerdo pretende que, antes de que se adopte cualquier medida, haya que comunicarla, no sólo a funcionarios canadienses, sino favorecer que "partes interesadas" (es decir, lobbies) participen en el proceso legislativo. En definitiva, se crea un cauce para que cada "Parte" pueda influenciar en la legislación de la otra y hacer que tienda siempre al mínimo nivel de protección. Estas dos medidas no solo crean una justicia paralela para las multinacionales, sino que generarán un efecto de "miedo a legislar" por miedo de que los gobiernos nacionales, regionales o locales sean denunciados en estos tribunales de arbitraje.
