La gentrificación del Casco Antiguo en Logroño. La ciudad como espacio de consumo

La evolución de la ciudad de Logroño durante las últimas décadas ha puesto en evidencia un cambio generalizado en la era postindustrial en la que los centros urbanos han pasado de ser lugares de residencia a espacios de acumulación de capital. Mientras que los últimos equipos de gobierno del Ayuntamiento de Logroño, tanto los conformados por PSOE y PR, como los del PP, celebran con éxito la fama que va adquiriendo la ciudad y el cada vez más, creciente número de visitantes, lo cierto es que Logroño se está convirtiendo en un auténtico parque temático, una burbuja de consumo vigilada cuyo ataque contra la vida popular es más que evidente. Si bien es cierto que el turismo es una actividad dedicada exclusivamente al consumo, en realidad, necesita de una producción de espacios para que sean consumidos.

Antes del ensanche burgués de la ciudad, el centro logroñés se encontraba enmarcado todavía por las murallas de la ciudad. La llegada de la industrialización provocó el derrumbe de estás y la imposición de un nuevo centro urbano, el Espolón, donde la Gran Vía pasó a ser la nueva arteria de la ciudad, en un proceso de rápido crecimiento. La industria se fue situando en las diferentes salidas por carretera, el traslado del ferrocarril liberó la arteria principal y el Casco Antiguo comenzó un declive y un proceso de degradación provocado por la huida del centro de la burguesía junto con el mercado inmobiliario, que pasó a invertir en las nuevas zonas residenciales. Durante el siglo XX, la atención que la clase trabajadora ha recibido del Estado puede traducirse en barriadas periféricas, donde ni el capital privado ni el público invirtieron en la mejora de un centro histórico ya degradado. No obstante, sí es verdad, que el centro religioso logroñés recibió parte de atención, mientras que el residencial fue totalmente abandonado por la inversión inmobiliaria.

Un punto de inflexión que marca claramente la deriva por la que se apostó en este sentido, fue a partir del año 2007, con la generación del Plan URBAN para el Casco Antiguo de Logroño por parte del gobierno municipal conformado por PSOE-PR, y que contó con el apoyo y fomento del plan por parte de la patronal (FER) e incomprensiblemente de los sindicatos mayoritarios, CC.OO y UGT. La producción del espacio en Logroño y su conversión en mercancía de la que obtener plusvalías, ha sido una práctica habitual desde el desarrollo de aquel plan. La coalición entre los equipos de gobierno de la administración local y las grandes empresas está colocando en el punto de mira a los residentes con menos ingresos. En realidad, esto no es otra cosa que la expresión urbana de la lucha de clases que alberga todos los ámbitos de la vida cotidiana.

En el Plan URBAN, ya se muestran las indicaciones y el interés para extraer rentas de la ciudad a través de la atracción de consumidores con altos ingresos y que puedan pagar altos precios por una vivienda y servicios básicos de consumo. Estos consumidores, en el caso de Logroño, son turistas atraídos mediante continuas campañas de promoción, aunque últimamente, y como veremos posteriormente, también se intenta atraer a profesionales del sector servicios o de la cultura. Indistintamente, sean turistas o nuevos residentes, este hecho está generando un desplazamiento de la población local, un proceso conocido como gentrificación. Esto demuestra, que el conflicto diario lo sufre el vecino afincado en el barrio, mientras que el beneficio es aprovechado por grupos financieros que ven la ciudad como un espacio de crecimiento ilimitado. El hecho de que no se haya tenido en cuenta la gentrificación como un proceso generado también por los turistas, nos lleva a diferir de la escueta interpretación que hace de la situación logroñesa Enrique Ramalle, director de Ciencias Sociales del IER, en un artículo publicado en el diario La Rioja, donde excluye a Logroño del proceso de gentrificación.

A diferencia de lo que cree Ramalle, no se puede considerar que este proceso se genere de manera uniforme, porque no tiene en cuenta, que la regeneración urbana está ligada a la geografía del espacio urbano, es decir, que existen algunas áreas que contienen posibilidades de beneficio y otras no. Este beneficio está enfocado en función de la devaluación previa del valor del suelo, la condición sine qua non que el capital necesita para que las futuras inversiones sean rentables. En Logroño, la desindustrialización supuso una aceleración en la devaluación y degradación física que ha creado las condiciones necesarias para que el capital comience a invertir en dichos espacios, convirtiéndolos en yacimientos de regeneración urbana.

Recientemente, algunas zonas del casco antiguo, como Carnicerías y Mercaderes, han sido consideras capaces de ser receptoras de inversiones rentables y orientadas a nuevas funciones que el centro urbano asumirá en la sociedad de servicios, en una combinación entre capital económico y capital cultural, donde el valor simbólico de la cultura permitirá la revalorización del capital económico invertido – el intento de crear el CCR en pleno centro es una demostración-. De hecho, los solares vacíos en las zonas antes mencionadas, van a ser ocupados por empresas privadas, por un lado, Aransa va a desplegar hasta 50 viviendas (inicialmente iban a ser 25) y no descartan su ampliación a un solar anexo de propiedad municipal tras el derribo de una vivienda en Marqués de San Nicolás en 2011, lo que demuestra los intereses a largo plazo tanto de la iniciativa privada, como del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Logroño en ceder a la iniciativa privada el desarrollo del casco antiguo, en propias palabras del concejal Sáenz-Rojo ”Tras unos años de paralización, vamos a ir llenando y completando espacios, vamos a dar soluciones de la mejor manera gracias a la iniciativa privada”. Por otro lado, en Mercaderes, la bodega Finca La Emperatriz se ha hecho con el hotel de cuatro estrellas situado en Ruavieja y con el bloque de apartamentos colindante, con la finalidad de dedicar el espacio a enoturismo. El turismo de lujo y el acceso al mismo de un tipo de turista o residente con altos ingresos está garantizado en pleno Casco Antiguo.

En estos casos, la inversión en un ambiente degradado supondrá seguramente el aumento de los alquileres o del precio de compra de la vivienda, lo que traducido, supone la llegada de residentes con mayores ingresos y el desplazamiento a otras zonas de la población original. En realidad, es el proceso de gentrificación el que ha facilitado la llegada de capital, provocando el desplazamiento de la pobreza a otro lugar, sin realmente erradicarla. Si a todo esto, le añadimos el valor simbólico cultural, donde los nuevos residentes con mayores ingresos son capaces de consumir cultura, se provocan una serie de consecuencias directas en la regeneración urbana. Por un lado, la inversión en cultura que cubra las necesidades de este nuevo grupo de residentes  es en parte financiada por empresas constructoras y hoteleras; por otro, la cultura genera una imagen positiva en la reconfiguración de ciudades industriales y es utilizada en campañas de “city marketing” como reclamo estratégico para la promoción urbana y reafirmación de espacios de calidad. Por último, la cultura como capital simbólico excluye a población con escasos recursos que no tienen ni la formación adecuada para ello, ni posibilidades para resistir tras el aumento del precio de la vivienda y servicios básicos de consumo.

En Logroño, todos somos conscientes del elevado número de comercios tradicionales que se han visto obligados a cerrar sus puertas en pro de un nuevo tipo de consumo demandado por las necesidades del nuevo grupo de residentes con mayores ingresos. En este sentido, los diferentes gobiernos locales hasta la fecha, han encontrado en la gentrificación el remedio más acertado para que grupos con escasos ingresos que no contribuyen a elevar los índices de consumo, pero solicitan ayudas sociales, sean sustituidos por residentes con mayor poder de consumo, sin importar el destino de aquellos. Aunque es verdad que en Logroño, este proceso de gentrificación todavía se encuentra parcialmente velado, el encarecimiento del barrio, junto con la desaparición de negocios de servicios básicos o la privatización del espacio público por bares y restaurantes, están generando una serie de presiones económicas y de formas de vida extrañas a la población local que, en última instancia, convierten la vida en el barrio en una lucha constante por salvar su lugar y permanecer en él, basta con preguntarles a los vecinos de la Calle Laurel, por llevar el ejemplo al extremo, donde su calle es gestionada como un centro comercial privado.

En Logroño, estamos asistiendo actualmente a una deriva que va de consumo en el espacio al consumo del espacio, donde la ciudad es fabricada a través de una serie de elementos clave: zonas peatonales, restaurantes, bares, hoteles, actividades culturales, festivales alternativos, edificios de “marca”, tiendas de diseño… Como bien indicaba el Plan URBAN a través de las tesis de Richard Florida (incomprensible la firma de los sindicatos riojanos solamente con la aparición del nombre del geógrafo y economista neoliberal), estos espacios no solamente se dedican a atraer turismo, sino a profesionales cualificados y empresas del sector servicios. La ciudad se convierte entonces, en un espectáculo permanente donde la diversión se apodera del espacio público.

La situación comienza a tomar una deriva conflictiva, por lo que sería necesario regular, por un lado, el sector turístico, y por otro el sector inmobiliario. Puede ser que no se comprenda muy bien hablar de decrecimiento turístico en una sociedad que interactúa con el libre mercado, pero los intereses económicos no pueden estar nunca por encima de los derechos sociales de las personas. Un primer paso, consistiría en limitar licencias de bares, restaurantes, hoteles, y también, la promoción de Logroño como ciudad turística. La respuesta debe pasar por crear más alojamientos públicos, poniendo un tope a los precios de los pisos del lugar, controlar la acción de los inversores, haciéndoles pagar más impuestos, proteger a los inquilinos en alquiler y, en general, favorecer el acceso a vivienda.