La trasformación del Servicio Público de Justicia en La Rioja

“El cambio es ley de vida. Cualquiera que sólo mire al pasado o al presente, se perderá el futuro”

Jhon Fitzgerald Kennedy

Se avecinan tiempos de cambios en la Justicia. Grandes cambios que anuncian una auténtica transformación, un servicio público de justicia más accesible, eficiente, que contribuya a la cohesión y sostenibilidad, abordando por fin sus problemas endémicos.

El pasado 18 de marzo se celebró la Conferencia Sectorial de Justicia, en la que se aprobó la estrategia Justicia 2030, un plan de trabajo común a 10 años, liderado por el Ministerio de Justicia y que se implantará bajo un esquema de cogobernanza con las comunidades autónomas con competencias en Justicia. Dicha estrategia contará, al fin, con recursos suficientes, en el marco del Plan de Resiliencia y Recuperación de la Unión Europea (EU Next Generation), en el que la modernización de la justicia ha sido identificada por el Gobierno de España como reforma clave. En concreto, Justicia 2030 tiene asignados 410 millones de euros a ejecutar en tres años, comenzando ya este año. Se abre para La Rioja una auténtica oportunidad que no podemos desaprovechar.

No estamos hablando de cantos de sirena, los criterios de distribución de cantidades para 2021 ya están aprobados, cuentan con el acuerdo unánime del Ministerio y todas las Comunidades Autónomas y hay reservado para La Rioja un 1,83 por ciento del total, lo que supone ya para este año más de medio millón de euros para modernizar nuestra justicia. Ante el reto y la oportunidad que justicia 2030 nos plantea lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué servicio público de justicia queremos para los riojanos? 

Queremos una justicia cercana. Se dice que no hay administración más cercana al ciudadano que la electrónicamente accesible. Es evidente que debe avanzarse en los servicios disponibles en la sede judicial electrónica con nuevas prestaciones como la cita previa, el acceso remoto a los expedientes judiciales electrónicos, apoderamientos, consulta de los estados de tramitación, o a las agendas de señalamientos. 

Sin embargo, dicha accesibilidad electrónica no debe hacernos olvidar nunca la atención a los grupos más vulnerables y la brecha digital. La sociedad analógica debe tener garantizado siempre el acceso al servicio dada la proyección constitucional de la tutela judicial efectiva. El mantenimiento de los futuros Tribunales de Instancia en Haro, Logroño y Calahorra, junto a la potenciación de las oficinas de justicia en los municipios, permite maximizar la oportunidad que nos ofrece la actual distribución territorial de los juzgados y agrupaciones de secretarías para asegurar que todos los ciudadanos puedan acceder a la justicia no sólo electrónicamente sino también contando con el apoyo de funcionarios de justicia desplegados por todo el territorio de La Rioja.

Queremos una justicia eficaz. La justicia adolece en la actualidad de una ineficiente asignación de recursos fruto del agotado modelo de juzgados y plantillas orgánicas. Con la implantación de la oficina judicial se asegurará que los tribunales de instancia cuenten con servicios comunes procesales y unidades de tramitación que optimicen las dotaciones de recursos humanos y materiales. En paralelo, implantaremos las oficinas generales del registro civil de Logroño, Haro y Calahorra, la oficina fiscal o el nuevo modelo de Instituto de Medicina Legal modernizando las estructuras y dotaciones de nuestra justicia.

Queremos una justicia ágil, y para eso hay que reducir la judicialización de los conflictos. Hoy, La Rioja presenta el menor índice de litigiosidad de España, con 80,5 casos por cada 1.000 habitantes frente a la media nacional de 116,5. El objetivo, sin embargo, debe ser acercarnos a la media europea. La implementación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), que anuncia el anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal, apuesta claramente por mecanismos como la mediación, la intervención del tercero neutral o las ofertas vinculantes como alternativas, antes, durante y después de la judicialización de los conflictos. En La Rioja, la apuesta por estos medios alternativos se ha materializado en los Convenios firmados con los Colegios de Psicología, Trabajo Social, Economistas y Abogados, que en 2021 contemplan estos nuevos medios y garantizan la disponibilidad de profesionales. Contamos, además, con el Servicio de Mediación Intrajudicial pionero en España y que, con la próxima renovación del convenio suscrito con el Consejo General del Poder Judicial, potenciaremos. 

Queremos una justicia digital. Con la licitación de once nuevas salas de vistas y diez salas de declaraciones este año dotaremos a todos los órganos judiciales de La Rioja de equipamientos de última generación que facilitarán las vistas telemáticas, el uso de las videoconferencias y permitirán la textualización de actuaciones orales. Avanzamos también en la extensión de la tramitación electrónica de los expedientes judiciales, extendiendo LexNET a los administradores concursales desde abril y, próximamente, a todos los cuerpos de Policía Local o con los proyectos de puesto de trabajo deslocalizados e inmediación digital como nueva forma de atención al justiciable.

Queremos una justicia accesible, que no deje a nadie atrás. La apuesta por el lenguaje accesible con la adaptación de resoluciones a lectura fácil que hemos potenciado este año es ejemplo de la justicia accesible en la queremos avanzar. Pero también el protocolo para la detección de situaciones de vulnerabilidad en procedimientos que llevan aparejado el lanzamiento de viviendas suscrito en marzo con la Secretaría de Gobierno. Para este Ejecutivo es una absoluta prioridad.

Queremos una justicia trasparente, en la que se pueda predecir la duración de los procedimientos y evaluar el funcionamiento de los servicios. La Rioja va a ser pionera en el proyecto de Justicia Orientada al Dato, que con el auxilio de instrumentos de inteligencia artificial nos permitirá conocer la evolución de la litigiosidad, ajustando los recursos a las necesidades presentes y futuras.

Queremos una justicia sostenible. Aprovechando la oportunidad que nos brindan los fondos europeos las reformas en el Palacio de Justicia de Logroño en 2021, la renovación del Edificio Cid Paternina de Haro, o el proyecto de reforma integral en Calahorra apuestan por la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Se avecinan, en suma, tiempos de cambios en justicia. Sabemos lo que queremos y vamos a hacerlo realidad. Afortunadamente, contamos con un buen punto de partida que debe servir de estímulo para afrontar este reto. Sólo con el esfuerzo, coordinación y colaboración del Gobierno de La Rioja con el Ministerio de Justicia, Fiscalía y órganos de gobierno del poder judicial y contando con todos jueces, magistrados, fiscales, letrados de la administración de justicia, forenses, gestores, tramitadores, auxilios, personal de los equipos técnicos y psicosociales, peritos, abogados, procuradores, graduados sociales y demás profesionales podremos lograr el reto de obtener el servicio público de justicia cercano, eficaz, ágil, digital, accesible, trasparente y sostenible que queremos y que los riojanos y riojanas merecen.

Jorge Medel Bernardo

Director General de Justicia e Interior. Letrado de la Administración de Justicia