Martes 26 de Octubre de 2021Actualizado 16:03

El 30 de septiembre de 2021

Tiempo de lectura: 05:37
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El envejecimiento, una cuestión

María Somalo. Directora General de Dependencia, Discapacidad y Mayores.

En España en el año 2050, el 30 por ciento de la población será mayor de 65 años.  La revolución de la longevidad es, probablemente, el fenómeno social más importante del siglo.  El envejecimiento se ha convertido en UN ASUNTO DE ESTADO. Vivir más años es un logro positivo, pero también representa un desafío vivir esos años con calidad y dignidad suficiente.

La crisis generada por la COVID-19 ha tenido un gran impacto en el colectivo de personas mayores y muy especialmente en el ámbito del sector de residencias de personas mayores.  Durante la pandemia en España, en torno al 49 por ciento de las muertes por esta enfermedad se ha producido en residencias de personas mayores. Esta cruel evidencia ha determinado que tanto los profesionales del sector como instituciones y las entidades en general, hayamos puesto de manifiesto la necesidad de un cambio en el modelo de cuidados de larga duración que transforme y mejore la calidad del cuidado y la atención que proporcionamos a nuestros mayores.

Refuerzo y renovación de los sistemas actuales de cuidados y en las prestaciones existentes que ha de darse, simultáneamente, en dos entornos diferentes; el doméstico y el residencial. Y, en este proceso de cambio, hay varios elementos o componentes clave:

 1.- NECESARIA INTRODUCCIÓN DE UN ENFOQUE “ÉTICO” EN EL MODELO DE CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN

Con frecuencia, los servicios a personas mayores se han organizado homogeneizando a las personas y buscando la eficacia organizativa y económica con acciones estandarizadas y sin tener en cuenta la escucha de las preferencias sobre cómo las personas mayores desean llevar adelante sus vidas cuando ya necesitan la ayuda de otros. Un modelo de servicios estandarizado y despersonalizado. La ética del cuidado exige una reflexión mayor sobre cómo queremos que sea la etapa final de nuestra vida. 

La participación de las personas mayores es un requisito básico para el desarrollo y la construcción de sociedades modernas que no se pueden permitir ignorar el conocimiento y la experiencia de los mayores. El empoderamiento de los mayores pasa por reconocer su capacidad de intervenir en la vida pública, tomando iniciativas y adoptando decisiones relativas a sus problemas cruciales. Son capital humano a reinvertir; hay que darles oportunidades para que actúen como sujetos/agentes y no como objetos/pacientes; potenciar la imagen del envejecimiento ajustada a la realidad; y destacar valores y capacidades de las personas mayores, evitando estereotipos que generan discriminación por edad. 

         Necesariamente, debemos facilitar la participación presencial y virtual de los mayores, promocionando el conocimiento y participación de las personas en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. 

En definitiva, hay que cambiar la perspectiva e intentar facilitarles la vida en vez de complicársela. Tenemos que ser capaces de pensar desde la perspectiva de las personas mayores, introducir esta perspectiva igual que hemos ido introduciendo la de género.

2.- CAMBIO MODELO TRADICIONAL DE RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES

Por lo general, las personas mayores desean seguir viviendo en sus propias casas. Sin embargo, esto no siempre es posible. Pero lo que sí es posible, es convertir los centros residenciales de mayores en viviendas alternativas, en un lugar grato y confortable lo más parecido a su propio hogar en el que la persona siga manteniendo el control de su vida, se respeten sus derechos y decisiones y no se interrumpa de una forma brusca su proyecto y modo de vida anterior. 

La pandemia ha puesto en evidencia, de forma brusca, las carencias del modelo actual debido a dos factores fundamentales: el modelo de convivencia que conlleva contactos estrechos y cuidados compartidos y la concentración institucionalizada de personas con estados de salud delicados. Partiendo de la evidencia de que las personas que viven en residencias viven colectivamente, lo que implica un mayor riesgo de contagio y, además, necesitan un contacto humano cotidiano y cercano con sus cuidadores y asistentes, ha quedado claro que   el riesgo de contagio es y ha sido muy alto.  Por ello, a partir de ahora, las residencias deben construirse, necesariamente, siguiendo las normas post-covid, en unidades de convivencia pequeñas y abiertas a la comunidad, contextos hogareños y personalizados, que reproduzcan en la medida de lo posible el domicilio. 

Habrá que revisar, igualmente, los problemas de comunicación y sesgos informativos que se han evidenciado durante la pandemia. La falta de información o insuficiencia de la misma en los periodos de aislamiento ha provocado una enorme tensión entre las familias y los centros residenciales que ha determinado la necesidad de habilitar otros recursos para mantener la comunicación de los residentes con los familiares por otras vías telemáticas. 

3.- REVISIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS CUIDADORES Y PROFESIONALES EN EL ÁMBITO DE LA GERONTOLOGÍA  

El cambio de modelo exige valorar no sólo a las personas que necesitan cuidados, sino también a las personas que cuidan y prestan esos cuidados. Los profesionales de residencias han estado en primera línea y manteniendo en todo momento la atención de un servicio que, por definición, no puede cesar. La realidad de las condiciones laborales de estas y estos profesionales es muy distinta a la de los profesionales sanitarios, en cuanto a salario y estabilidad en el empleo.  No podemos olvidar que el cuidado requiere un afecto y una cercanía que va más allá de lo que se espera de cualquier trabajo remunerado y que, actualmente, la esencialidad de los cuidados no se corresponde con los salarios que se perciben por ellos.

4.- DEBEMOS GARANTIZAR LA SALUD DE LOS MAYORES.  La garantía de esta salud, en esta nueva realidad, pasa por la vacunación de todos los agentes implicados en nuestro sistema de cuidados. 

Es igual de importante acometer una coordinación sociosanitaria adecuada. La coordinación entre las residencias de mayores y los centros sanitarios no pasa por la “medicalización” de las residencias, sino por asegurar y garantizar la asistencia sanitaria de los residentes, la atención primaria y la hospitalización a domicilio del sistema público de salud. A menudo olvidamos que las personas mayores siguen teniendo el derecho a la salud, sin discriminación, y la prestación sanitaria y farmacéutica que se presta con carácter universal por los Sistemas Nacionales de Salud, y ello, independientemente de que las residencias cuenten o no con recursos sanitarios propios. Los usuarios de residencias no son pacientes; las residencias de mayores no son hospitales ni geriátricos, son centros de convivencia donde los mayores van a vivir, no a convalecer.

5.- QUIÉN HACE QUÉ: EL CUIDADO NO ES UNA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL ESTADO. - La ética del cuidado insiste en que la obligación afecta a todos. El cuidado establece una relación personal y por eso no puede quedar sólo en manos de los poderes públicos. La Administración tiene sus obligaciones con respecto a la protección de las personas mayores que necesitan cuidados, pero no puede ser la única responsable. La ética del cuidado exige una respuesta obligada que debe implicar a todos; desde el simple ciudadano hasta la administración.

La ética del cuidado en la democracia es una ética de reparto de responsabilidades; establecer qué le corresponde hacer a la Administración, a las corporaciones, a los propios individuos y a las familias. En una democracia “cuidadora”, el cuidado no es una responsabilidad exclusiva del Estado ni de las administraciones públicas. Debemos atender a la complementariedad y a la coordinación público-privada para la sostenibilidad presente y futura de los servicios. Las empresas del sector, lucrativas o no, deben ser agentes del cambio junto con las administraciones públicas.

Todo este proceso ha de llevarse a cabo con el incuestionable liderazgo de los gobiernos y de las administraciones públicas contando con la participación activa de los sectores profesionales. Pero también se precisa la implicación de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de las asociaciones de personas mayores y, también, de las familias de los mayores.  Y todo este proceso requerirá, necesariamente, de un incremento del gasto, tanto público como privado. 

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María Somalo. Directora General de Dependencia, Discapacidad y Mayores.
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