Trabajadores públicos ante el colapso

Las políticas de destrucción de empleo público impuestas por el Partido Popular durante la última década, concretamente en la Administración General del Estado, han influido directamente en los servicios que se ofrecen tanto en La Rioja como en toda España. 

Entre algunas de esas políticas de austeridad destacan la de mantener al 0% la tasa de reposición, es decir, el porcentaje de puestos que se volvían a cubrir cuando se quedaban vacantes, lo que ha supuesto una drástica reducción de efectivos.

Tanto con gobiernos populares como con socialistas se han multiplicado las jubilaciones, tanto ordinarias como anticipadas, coincidiendo los últimos años con la entrada en esa franja de edad de las personas nacidas en la época conocida como la del “baby boom”.

En La Rioja, unidades como la Seguridad Social, la Oficina de Extranjería, o el centro de discapacitados del IMSERSO en Lardero, han llegado a disminuir sus plantillas por encima del 30 por ciento, y la mayoría de las unidades han llegado hasta el 20 por ciento.

El asunto ya ha saltado a los medios de comunicación y buena parte de la ciudadanía ya tiene que esperar meses para trámites que son de urgencias. Sin embargo, este problema es asumido por muchos como algo normal, como si volviéramos a una administración del siglo XIX, y ello a pesar del gran esfuerzo de los empleados públicos por mantener la imprescindible estructura de funcionamiento del Estado.

El pasado 23 de mayo UGT alcanzó un acuerdo sobre la Oferta de Empleo Público de 2022, que supone la creación de 15.800 empleos nuevos y más de 9.500 plazas destinadas a promoción interna, pero la incorporación de todos estos trabajadores a sus puestos aún está lejos, debido a la lentitud de los procesos selectivos.

A pesar de haber conseguido que gracias a estos acuerdos, se refuercen las plazas ofertadas para la Seguridad Social, se revisen los procedimientos de promoción interna para reducir los tiempos de cobertura de las plazas, se realicen planificaciones plurianuales de las necesidades de personal para agilizar su cobertura y la Administración se haya comprometido en reducir los tiempos de los procesos selectivos para la incorporación de los nuevos efectivos, desde UGT mantenemos nuestra preocupación por si todas estas medidas llegarán a tiempo para evitar el colapso de algunas unidades administrativas.

Dado el incremento importante de jubilaciones que se están produciendo por la altísima media de edad de los trabajadores de la AGE es imprescindible que las políticas destinadas a la Administración General del Estado sigan en la línea de estos últimos años y se incremente el personal más aún.

Aunque en los últimos años se ha ido mejorando el porcentaje de tasa de reposición disponible para las Ofertas de Empleo Público, tanto en general como en los sectores prioritarios, ya que, partiendo del 0% impuesto en la época de Montoro, ha ido evolucionando al 110 y al 120%, a todas luces es necesario que los políticos tomen nota y realicen las modificaciones legislativas necesarias para eliminar la principal causa del grave problema de falta de personal existente en la Administración, que no es otra que esa limitación impuesta en cada Ley de Presupuestos con la tasa de reposición.

La siguiente pirámide por tramos de edad permite ver la distribución de efectivos por intervalos de edad en la Administración General del Estado, y el 63.76% tiene de 50 años en adelante.

El dato de envejecimiento en la plantilla de la Administración General del Estado es todavía más acusado si nos centramos en los empleados y empleadas públicas de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, pertenecientes a IMSERSO, INGESA, ISM, INSS, TGSS y con el 82.54% de sus asalariados con 50 años o más.

Gobierne quien gobierne, la clase política debe seguir apostando por dotar a los Servicios Públicos de efectivos suficientes que permitan garantizar a la ciudadanía una atención lo suficientemente ágil, porque sin empleados públicos en la Administración, nada funciona.