El pleno acuerda por unanimidad un protocolo de ayuda a desahuciados

La concejala del PSOE Cristina Cabañas dijo que “se trata de una cuestión de justicia para que quienes pierden su vivienda por no poder pagarla, no tengan encima que abonar el Impuesto de Plusvalías”, que grava el incremento del precio de las propiedades inmobiliarias que obtiene quien vende o transfiere una finca.

La edil señaló también que,“ al no poder pagar este impuesto, las personas en graves apuros se convierten en morosos de la administración, perdiendo así el derecho a obtener ayudas económicas oficiales”. Añadió que “el foco mediático ya no está sobre estos casos, pero siguen existiendo, no en vano en 2013 se registraron en España 35.098 lanzamientos (desahucios por vía judicial)”.

También mostró su creencia el representante de UPyD, David Antoñanzas, que este caso afecta a más personas de lo que parece. Por su parte la concejala del PR, Margarita Aldama, mostró su apoyo a la moción y pidió a la responsable de Hacienda alguna cifra sobre los lanzamientos realizados en Calahorra y sus plusvalías.

A esta propuesta respondió la interpelada, Lucía Herce, que indicó que en esta ciudad hubo de 11 a 13 casos de desahucio en 2013, con un montante de 25.000 euros. Herce explicó la imposibilidad legal de bonificar un impuesto, pero prometió tomar medidas por la vía de las Ayudas de Emergencia Social y trabajar en este asunto por el bien de los ciudadanos.

No obstante, el alcalde intervino para precisar que en la adopción del acuerdo debía especificarse que el protocolo de ayudas beneficiará a las personas que realmente lo necesiten y no a todos los desahuciados, pues la casuística es variada y no todos los lanzamientos se producen por falta de recursos económicos.

En el pleno, por otro lado, fue rechazada la propuesta presentada por el PR para que el Ayuntamiento de Calahorra se posicione en contra de la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña.