Las familias pagan a los colegios concertados casi mil millones de euros al año en cuotas ilegales

Las familias que van a la escuela concertada abonan entre 947 y 1.186 millones de euros al año a sus colegios en cuotas. De media, estas familias pagan de 680 a 860 euros por curso (en función de la definición de cuota elegida, por ejemplo si incluye el comedor o no), según el informe El coste de acceso a la escuela concertada en España: cuantificando las cuotas e identificando sus causas, elaborado por EsadeEcPol y en el que se aborda por primera vez de manera integral el ecosistema de centros concertados, familias y cuotas en toda España a partir de datos de dos encuestas diferentes del INE.

Estas cifras ocultan matices importantes, según los autores del estudio, en un mercado que es cualquier cosa menos monolítico. El primero, que no todo el alumnado de los centros privados sostenidos con fondos públicos paga una cuota mensual, aunque sí casi todos: entre el 81% y un 95% lo hace, en función de la etapa educativa.

Otro detalle es que no todos los colegios tienen la misma motivación a la hora de exigir estos abonos. Dejando fuera al 30% que no cobra cuotas, Esade sostiene que entre los que lo hacen, hay casos en que es por mera supervivencia (un 25%, según el informe), otros para pagar servicios que los conciertos no contemplan (30%) y un tercer grupo que sí responde a la idea más socialmente asentada respecto a estos pagos, los que cobran por diferenciarse del resto, cribar y/o aumentar sus beneficios económicos (15%).

En cualquiera de los tres casos, una realidad es incuestionable en este tipo de centro: “El nivel socioeconómico medio del alumnado que accede a la escuela concertada es mayor que el que accede a la pública: esto es un fenómeno que se da en todas las comunidades”, sostiene el informe, haciéndose eco de investigaciones anteriores. Y lo hace pese a que el sistema de acceso debería ser el mismo que el de la red pública y que el cobro de cuotas es, en teoría, ilegal porque la escuela concertada se considera parte del sistema público y debe ser gratuita.

“Los centros deberían ser gratuitos por ley, por lo que formalmente cualquier cuota es ilegal”, concede Xavier Bonal, uno de los autores del estudio. Pero para él el problema está en otro sitio. “Todo el mundo asume que la infrafinanciación justifica la cuota, pero hay que considerar que solo una parte de esos 950-1.100 millones de euros podría estar justificada por infrafinanción, otra no. Entonces ya hablamos de un problema de desigualdad”, razona.

Grosso modo, cuanto más grande es un colegio concertado, más probabilidades hay de que pida una cuota (no tan) voluntaria a las familias. Y de que este pago mensual sea más alto. También existe una relación entre la situación económica de las familias y la cantidad que abonan: cuanto más acomodadas, más dinero pagan cada mes.

Además, pagan cifras más altas las familias catalanas (1.696 euros anuales de media) que las madrileñas (1.156) o vascas (959). Si se suman a estas las valencianas (597 euros al año) y andaluzas (453) se explica el 70% de los pagos a la escuela concertada en toda España.

Sin incentivos para cambiar el modelo

Lucas Gortázar, Ángel Martínez y Xavier Bonal, autores del informe, explican que es buen un momento para que España tenga un debate público sobre la escuela concertada, porque la caída de la natalidad ofrece la posibilidad de reconfigurar el sector pese a que intrínsecamente tiene “pocos alicientes” para hacerlo por sí mismo. “El sistema actual ha llegado a un equilibrio muy estable, donde los incentivos para cambiar la situación son escasos para la mayoría de los actores implicados: la existencia de la red concertada reduce la presión sobre el gasto público de las administraciones educativas (entre otras cosas, por sus menores costes salariales por alumno y porque son centros más grandes), facilita un sistema de selección social para familias de mayor renta a cambio de un copago y garantiza una demanda amplia que asegura la continuidad del sector concertado”, sostienen.

Un sector en el que los casi mil millones que aportan las familias cada año suponen algo más de uno de cada diez euros de la financiación total del curso (las administraciones transfirieron 7.482 millones de euros a las escuelas privadas sostenidas con fondos públicos en 2022, según datos del Ministerio de Educación). Pero el coste no es homogéneo ni por etapa ni por centro ni siquiera dentro de una misma comunidad, según el informe de EsadeEcPol.

Así, como se puede observar en el siguiente gráfico, la cuota media oscila –dependiendo de que se incluya el pago del comedor o no– entre 670 y 853 euros en el 2º ciclo de Educación Infantil (3-6 años), entre 679 y 863 euros por curso en Primaria y se reduce a entre 568 y 684 euros en la ESO.

Respecto a quién paga, en ninguna etapa baja del 80%, aunque hay más prevalencia en Infantil (87%) que en las etapas posteriores (81% en Primaria, 80% en Secundaria obligatoria). Incluso entre los que pagan hay diferencias: un 13% de quien acude a la concertada no pone un solo euro y un 18% menos de 20 euros mensuales. Esto quiere decir que, de todos los que van a la concertada, hay una mitad (abriendo un poco el arco) que apenas aporta el 10% de todo lo que recaudan estos centros. Lo que a su vez significa, en consecuencia, que la inmensa mayoría de los pagos lo asume la otra mitad: en concreto, el 20% de las familias asume el 60% de los casi mil millones de euros que se dedican a este concepto cada año.

Esto arroja una conclusión, en palabras del informe: “No hay una escuela concertada en relación con las barreras económicas de acceso: hay al menos dos o más tipos. En una, las barreras de entrada son totalmente abusivas y concentran más de la mitad de los pagos. En el otro espectro del sector apenas hay barreras de entrada y son escuelas que se acercan más al principio de gratuidad. En este grupo las familias o bien no pagan cuota o bien pagan precios muy bajos, de entre 10 y 20 euros por alumno al mes de media”.

Este estudio de EsadeEcPol difiere del que realizan cada año la asociación de colegios privados Cicae y la federación de AMPAS de la escuela pública Ceapa en que este estudio es censal, a partir de los datos de la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación (EGHE) y la Encuesta de Financiación y Gasto de la Educación Privada (EFGEP), ambas del INE, mientras que el de Cicae se realiza por la técnica del cliente misterioso (alguien llama al centro haciéndose pasar por un posible cliente para recabar información) e incluye una muestra limitada (y por tanto sesgada) de los colegios.

Cuanto más grande, más cobra

Estos datos llevan implícita otra consecuencia: la desigualdad en las cifras entre los que sí pagan. Si se divide al colectivo de familias en cinco grupos en función de sus ingresos (quintiles), se observa que la tendencia es ascendente: cuanto más acomodada, más cuota paga. Las familias del quintil 1, el que menos gasta, está en 317 euros al mes. En el quintil 5 llega a los 878 euros (sin incluir el comedor). Este último grupo, sostiene el informe, es el que paga gustosamente por diferenciarse una cuota que no le supone un gran esfuerzo.

Otro factor que explica que un centro exija una cantidad mensual a sus familias o no es su estado financiero, que a su vez relaciona con el tamaño. Dentro de que en cada comunidad todos los colegios reciben el mismo módulo económico por grupo concertado (aunque este difiere entre autonomías porque el Gobierno central solo fija un mínimo, que los Ejecutivos regionales complementan), el factor diferencial inicial para que un colegio esté infra o sobre financiado es básicamente el número de alumnos que tenga.

En general, explican los autores, cuanto más grande el centro, mejor situación económica tiene antes de las cuotas. Pero a la vez también es más habitual que pida un pago mensual y que sea más alto. “Es en estos centros donde se concentra un pago de cuotas más elevado y por razones no solo relacionadas con infrafinanciación”, sostiene Xavier Bonal.

Los centros con mejor financiación, y que cobran cuotas elevadas, lo hacen por motivos relacionados o bien con la ampliación de servicios, o directamente, con el beneficio económico

El análisis del cobro de las cuotas en función de la economía del colegio arroja un gráfico en forma de U que descarta, sostiene el informe, que las cuotas se exijan siempre por razones financieras, como suele aducir el sector. “Si el único motivo para el cobro de cuotas fuera exclusivamente la infrafinanciación, sería esperable observar que tanto el porcentaje de centros que cobran como la cuota media caen a medida que se avanza en la distribución de financiación”, sostiene el documento. Pero no es el caso. Los peor financiados y los mejor financiados son los centros que más cobran, lo que sugiere en el caso de los primeros una necesidad económica, pero no en el de los segundos.

“Es evidente”, analiza el informe, “que los centros con peor financiación cobran cuotas y lo hacen en mayor magnitud con una finalidad de supervivencia económica. También puede desprenderse que aquellos centros con mejor financiación, y que cobran cuotas elevadas, lo hacen por motivos relacionados o bien con la ampliación de servicios, o directamente, con el beneficio económico”.

Por comunidades también se observan diferencias, según EsadeEcPol. Según el desglose regional, Catalunya es la autonomía en la que más gente paga (99%) y donde más alta es la cuota (1.397 euros de media al año, contando solo a los que pagan). Madrid (90% y 898 euros) y Euskadi (92% y 929 euros) se mueven en magnitudes ligeramente inferiores. Después de estas tres hay un escalón hasta la Comunitat Valenciana (87% de pagadores, 372 euros) y Andalucía (un 52% y 427 euros de media).

Propuestas de solución

Por último, el informe realiza unas algunas propuestas que, en opinión de los autores, podrían ayudar a garantizar la gratuidad del sistema que exige la ley. “Mantener el statu quo actual reproduce una situación que vulnera el derecho a la educación y que puede motivar el cobro de cuotas tanto para compensar la infrafinanciación como para disponer de un mecanismo de distinción en la oferta o incluso lucrarse”, argumenta el informe.

La primera medida es averiguar “el coste teórico de la plaza escolar en el sector público y concertado en todas las comunidades” para conocer con detalle a cuánto asciende esa infrafinanciación que denuncian los centros privados concertados. En la misma línea es necesario conocer el coste de los servicios no concertados y las cuotas que cobran los centros que financian estos servicios con aportaciones familiares, con el fin de conocer cuáles de estos servicios podría considerarse justificado que el Estado cubriera y cuáles no.

Además, EsadeEcPol propone “acabar con el sistema de conciertos plenos de los centros claramente sobrefinanciados y cuyas cuotas son elevadas y que se sitúan notablemente por encima de los gastos no concertados de su contabilidad. De acuerdo con las simulaciones realizadas, esto permitiría, además, redistribuir el excedente disponible para acabar con la infrafinanciación que afecta a una parte del sector concertado”.